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En la lista de espera se encuentra en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de la República de Nicaragua, dictaminada el primero de diciembre de 2009, cuyo contenido obligaría a ordenar el megadesorden que impera en este campo a nivel nacional.

Según el diputado Agustín Jarquín, Presidente de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios, esta ley pretende “establecer un marco jurídico e institucional para el ordenamiento y desarrollo territorial de Nicaragua, crear un sistema nacional de planificación y un plan de nación con otros subsistemas, como el de ordenamiento y desarrollo territorial basado en las unidades territoriales de la división política administrativa del país, el subsistema Nacional de Centros Poblados y el de Información Territorial”.

La nueva ley afectará la concepción que existe actualmente sobre la organización de todo el territorio nacional, ya que pretende estructurar el país con una visión de futuro; “el país que queremos ser dentro de varios años”, afirmó Jarquín.

“Hay unas normas establecidas para el uso del suelo y hay un inventario a nivel nacional que manejan diversas instituciones como el Magfor (Ministerio Agropecuario y Forestal), las municipalidades, los consejos regionales con recursos propios y de cooperación. Todos esos instrumentos se utilizan muy poco para definir los asentamientos humanos y el uso productivo del suelo”, destacó el legislador.

Agregó que “no es posible que se utilicen áreas de vocación forestal para uso agrícola con baja productividad”, y ejemplificó que zonas como las del departamento de Madriz, que son forestales, se utilizan para la siembra de granos, obteniéndose bajos rendimientos productivos.

“Con la ley se pretende definir qué podés hacer en estas áreas y será una guía para orientar los planes de inversión pública”, explicó Jarquín.

Actualmente, sólo existen leyes dispersas que regulan el uso del suelo en determinadas condiciones, delitos ambientales, leyes ambientales, pero se pretende unificar y especializar la legislación nacional en materia de ordenamiento y desarrollo territorial, justifica el dictamen de la Comisión.

Al rescate del departamento
Una de las novedades que trae la ley es que se pretende rescatar el departamento como parte integral de la división política territorial del país.

Desde la educación primaria y desde que existe la división del país por departamentos, se enseñaba que el país tiene 16 departamentos (ahora son 15 departamentos y dos regiones autónomas).

Sin embargo, el departamento nunca ha contado con una definición propia, sostiene Jarquín, y agregó que “el nivel municipal y el nacional están claramente definidos”.

Señaló que durante las consultas “nos percatamos de que existe y continúa existiendo ese vacío. El nivel municipal está bastante definido, en términos de competencia, tributos, sistemas de estabilidad laboral, vamos a aprobar la iniciativa del Código Tributario Municipal, tienen sistema de compras, de contrataciones bien definido. Lo mismo el nivel nacional está bastante definido, pero el departamental no”.

Jarquín afirmó que en las mociones de la ley se incorpora esta estructura como agente activo del ordenamiento territorial. Por ejemplo, en la creación de los denominados subsistemas de ordenamiento territorial, en la propuesta original no estaba el departamento, ahora existe una moción que señala “el subsistema departamental de Ordenamiento y Desarrollo Territorial”.

Según Jarquín la estructura departamental podría servir como una instancia coordinadora, electa por los mismos alcaldes. En la década de los ochenta, el gobierno creó la estructura de la región, la cual fue dotada con recursos financieros y poder de decisión. La misma aglutinaba departamentos con similares característica políticas, económica y militares.

No obstante, con el triunfo del gobierno de la Unión Nacional Opositora, se eliminó totalmente esta estructura y se volvió al departamento, pero sin ningún respaldo, y se fomentó el nivel municipal, explicó Jarquín.

Ordenarán direcciones
La ley constituye un mandato para que finalmente se haga el Subsistema Nacional de Centros Poblados y el Código Postal, que “establece como líneas generales el sistema nacional de nomenclatura direccional, la manera como se digan las direcciones, como parte del ordenamiento del territorio.

La iniciativa propone crear “el Código Postal de la República de Nicaragua bajo la responsabilidad de Correos de Nicaragua, en su carácter de Administrador Postal del Estado.

Asimismo, la coordinación de la formulación, reglamentación y actualización del código de direcciones postales en todo el territorio nacional”. Es decir, que de esta forma terminará las direcciones muy a lo nica; “del palo de mango, una cuadra abajo”.

Así que se le dará el carácter de ley, y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento a esta disposición que en el pasado no pasó de ser una iniciativa.

“Va a significar un movimiento grande, tenemos que entrenar mucho a las alcaldías, a los sistemas de planificación municipal. Todo esto deberá estar definido en tres años. Hay que señalar que también habrá incentivos o condicionantes financieros de recursos para invertir en este caso”, explicó el diputado.