Jorge Eduardo Arellano
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Los contralores aprobaron ayer sancionar con sendas glosas a los directivos del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y a la ex presidenta Ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) Edda Callejas, por haber hecho desembolsos de dinero para indemnizaciones y pagos, sin base legal.

Los colegiados decidieron en la sesión ordinaria establecer glosas en contra del ex dirigente estudiantil y ahora diputado, Jasser Martínez, y del titular del CNU, Telémaco Talavera, entre otros, por una suma que alcanza los 205 mil córdobas.

“Ese dinero lo desembolsaron de manera ilegal para pagar una liquidación a un señor de nombre Mariano José Vargas, que era el secretario técnico del CNU. Le pagaron seis meses sin base”, dijo el vicepresidente de la Contraloría Lino Hernández.

En el caso de Callejas, Hernández explicó que confirmaron unas glosas por 588 mil córdobas y por 4,574 dólares, pues se trató de desembolsos que no tenían soporte legal y se emitieron a favor de personas no aseguradas.

“De ese dinero se pagó a unos sindicatos y también se cancelaron operaciones de personas que no eran aseguradas”, recordó Hernández.

Bolaños pide certificación
Asimismo, el contralor vicepresidente, informó que recibieron una carta del ex gobernante Enrique Bolaños, quien les solicitó una certificación de una resolución de la Contraloría de 2001, en la que se había resuelto que el ente fiscalizador no podía iniciar auditorías en contra de funcionarios que gozan de inmunidad. Hernández dijo que ayer decidieron remitir esa resolución a Bolaños, pero que a la vez le indicarán que esa situación cambió totalmente con la nueva Ley de Probidad, que es la que se aplica ahora en lugar de la Ley de Integridad Moral de los Servidores Públicos, que es la que se tomó de base para la decisión de 2001.

“Además, hay una sentencia de la Corte Suprema de 2002, que dice que el hecho de que se tenga inmunidad no significa que no se pueda realizar una auditoría, porque se estaría amarrando a la Contraloría en su labor de fiscalización”, dijo el colegiado.


Buscan evitar exclusiones de procedimientos
El Consejo de Contralores también decidió ayer solicitar al Ministerio de Salud, al INSS, al Ministerio de Transporte, a ENEL y al Ministerio de Educación, sus programas de contratación para este año, para asegurarse de que están planificando sus inversiones y así evitar peticiones de contratación directa.

“Es una obligación de todas las entidades públicas programarse, porque nosotros no podemos estar aprobando exclusiones de procedimientos para quienes no lo hacen, y cabe decir que hoy (ayer) es el último día del primer mes del año que según la Ley de Contrataciones, es el término para que se publiquen sea en La Gaceta o periódicos, el programa de adquisición de cada entidad”, dijo Hernández.