Eloisa Ibarra
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El procurador general de la República, Hernán Estrada, afirmó ayer que seguirán trabajando para desmantelar a la mafia de traficantes de tierra, que es parte del crimen organizado y que ahora pretende enlodar a otras personas.

No obstante, reconoció que en la red de traficantes de tierras hay gente de todos los niveles e incluso, en el pasado, se utilizó a personas de la Procuraduría General de la República (PGR) para fines ajenos a la visión de la institución.

Una prueba evidente
Indicó que el nivel delictivo de los traficantes de tierra ha llegado a tal extremo, que ayer el Registrador Público de la Propiedad Inmueble de Managua (Alberto Avendaño) le remitió una sentencia con la que pretendían inscribir una propiedad, donde nunca había existido juicio, todo era falso, incluso la firma del juez Ernesto Ramón Castillo.

“Me llama la atención que los jueces no han denunciado estas cosas que están ocurriendo y que son graves, porque hay una firma de un juez de la ejecutoria, y con eso registran la propiedad y luego la venden a alguien sin que el dueño se entere”, indicó Estrada.

Es una mafia bien organizada, donde se requiere el apoyo de la Policía, que tiene limitaciones porque no tiene esos casos como relevantes, y esto es crimen organizado, donde la vida se pone en peligro porque es una red más peligrosa que los narcotraficantes, y no dudo que esté estructurada en todos los niveles, porque eso fue lo que se recibimos, dijo Estrada.

“Castigar a quien sea”

Al preguntarle en torno a nombres de funcionarios públicos mencionados por la ex notario del Estado, Morena Avilés, respondió: “Quien sea responsable debe ser castigado, no importa si sea magistrado, diputado, funcionario o quien sea, porque hay que enfrentar la situación dentro de la lucha contra el crimen organizado”.

En relación con las afirmaciones de Avilés de que él (Estrada) despacha, desayuna y se reúne con personas ligadas a la red de traficantes de tierras, dijo: “Estoy frente a la institución y estamos librando una lucha frontal y directa contra el crimen organizado, y no ando policía ni ando escoltas de ninguna naturaleza.

“En esta lucha, obviamente que tienen la capacidad de llamar la atención, desconcertar del tema principal e involucrar a otras personas. Para nosotros toda aquella persona que esté directa o indirectamente involucrada en actos como ese y en crimen organizado, debe ser tratada como tal, independiente de su estatus moral, social e institucional”, afirmó.

Lara y Solís rechazan señalamientos
Por su parte, el procurador penal Iván Lara Palacios, quien ha atendido el caso de Avilés desde el inicio con el ex procurador general, Alberto Novoa, rechazó los señalamientos de la ex funcionaria, y explicó que no puede entrar en mayores detalles porque la ley se lo prohíbe.

“Ahí (en los juzgados) vamos a vernos las caras y ahí se va a debatir toda la verdad en este asunto. No voy a contestarle, la PGR no ha revelado nombres, si ella ha cooperado o no, ella lo sabrá y lo vamos a ver el día que haya una audiencia ante el juez”, afirmó Lara, tras indicar que contra toda persona a quien se encuentre que incurrió en un delito, se ejercerá la acción penal en su momento.

Por su parte, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, rechazó los señalamientos de Avilés de que esté ligado a los traficantes de tierra. “No la conozco, ni sé a qué se refiere. Obviamente es político, es parte de la posición de La Prensa en contra mía, eso es todo, porque a ella no la conozco”.

“No es cierto que tuve que ver con ese caso (problema de tierras en San Rafael). Yo conozco a la mamá de esta Claudia Vásquez, nos vendió una tierra hace 15 años, doña Melba Pérez, que dicho sea de paso resultó que eran de la Alcaldía de San Rafael, que la sigue reclamando, pero hasta ahí. Esas tierras ni siquiera se han podido volver a vender por un pleito con la alcaldía, hay que ser duro, en esto que me investiguen hasta lo último”, dijo Solís.

Estrada considera que no ha habido conciencia para enfrentar el tema como lo hacen ahora, y no hay la confianza mínima jurídica de que un juez emita una sentencia, porque hasta eso falsifican, y cuando el ciudadano se entera ya perdió la propiedad.

Reiteró que el tema de la propiedad es muy complicado, y la administración pasada dejó los asuntos totalmente desordenados, porque las instituciones estaban disgregadas y algunas realizaban iguales funciones y otras actuaban discrecionalmente.

Había un archipiélago de estructuras, la OCI cuantificaba por su cuenta; la Comisión de Revisión de Confiscaciones también, y se daba engaño de los reclamantes, eso ocasionó una red de crimen organizado.

Indicó que aunque no han logrado una política de Estado, por lo menos la Comisión de Justicia ha mostrado su disposición de respaldarlos, y el Poder Judicial ya envió una circular a los jueces del país para que no emitan títulos supletorios, y han cesado considerablemente.