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Diez años atrás, Melba Margarita Fuentes dejó de vender en el Mercado Oriental porque “la jarana me tenía loca”, e incursionó en el trabajo doméstico remunerado. Ha laborado para cinco patronos distintos y nunca la han incorporado al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), pese a que es un derecho claramente establecido en el artículo 150 del Código del Trabajo.

Pero no es el único derecho laboral que se desconoce y que se viola. Los “no” abundan al conversar con ella. “En ninguno he firmado contrato”, afirma. “Nunca me han pagado indemnización”, añade luego. “No he recibido treceavo mes”.

También refiere que con mucha frecuencia su jornada laboral sobrepasa las 48 horas semanales establecidas por la Ley y que los patronos no le otorgan permiso en caso que un familiar cercano se enferme o sea hospitalizado. Y si ella misma se enferma, tiene que acudir al centro de salud y costearse sus propias medicinas, porque no está asegurada.

“Conozco mis derechos, pero no los hacemos valer a los empleadores, ellos lo único que saben decir es: si no le gusta, váyase; entonces, uno a veces por la misma necesidad tiene que aguantar”, razona. Tiene diez años de aguantar y 52 años de vida.

Melba Margarita asegura también que sobrevivió a un cáncer en la matriz y que tiene a una nieta bajo su tutela. Está desempleada desde febrero y refiere que le cuesta engancharse laboralmente por razones de edad. En sorna dice que ahora buscan empleadas “delgadas, altas, bonitas, como si fueran a modelar sartenes”. Si no halla trabajo, volverá al lavado y planchado.

Cuando llegue el momento de retirarse, vendrá lo cruel. No recibirá ninguna pensión para sobrellevar la vejez, ya que nunca fue afiliada al INSS. “Cuando me llegue, hasta allí nomás voy a llegar, tendré que arrimármele a algunos de mis hijos o a alguna de mis nueras, para que me den aunque sea mi bocadito”, comenta con tristeza.

Derecho a la deriva, 27 años

El primero de mayo de 2006, durante la celebración oficial del Día de los Trabajadores, el entonces Presidente de la República, Enrique Bolaños Geyer, anunció que a partir de ese momento las empleadas del sector doméstico y los trabajadores del sector informal deberían ser incorporados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Ésa no era la primera vez que el Estado nicaragüense volteaba la vista hacia ese sector laboral. En abril de 1979, a través del Decreto 202, el dictador Anastasio Somoza Debayle, promovió la incorporación del sector doméstico al Seguro Social, ya que la cobertura del mismo correspondía apenas a más o menos el 10% de la Población Económicamente Activa (PEA).

Tres años después, en marzo de 1982, la Ley del Seguro Social, en su artículo 5, mandaba a afiliar al INSS a todas aquellas personas que brindaran servicios a personas naturales o jurídicas. Luego, el artículo 9 exhortaba al Consejo Directivo del mismo a buscar alternativas, diferentes mecanismos, para incorporar a los trabajadores del campo y a las mujeres del sector doméstico. Dos sectores complejos, por su alta movilidad laboral.

Posteriormente, el Código del Trabajo vigente (Ley 185) , en su artículo 150, señala claramente lo siguiente: “Es obligación del empleador inscribir al trabajador en el régimen de seguridad social; en caso de incumplimiento, el empleador asume la responsabilidad en los casos que corresponda”.

Sin embargo, es hasta 2006, tras 27 años a la deriva, que el gobierno de Bolaños agarró la “papa caliente” y aprobó una modalidad en el INSS para afiliar a las trabajadoras del sector doméstico, así como para el sector informal. Se determinó que se incorporarían al régimen obligatorio facultativo, proponiendo que la cuota mensual a pagar correspondería al 21.25% del salario, distribuido así: 15% el empleador y 6.25% el empleado. Además, se incorporó el pago del 2% al Instituto Nacional Tecnológico (Inatec). Por tanto, afiliar a una empleada doméstica o un conductor correspondía a un desembolso compartido del 23.25% del salario mensual.

Con esta modalidad de seguro Facultativo, de acuerdo con una volante publicitaria oficial de esa época (2006), el trabajador y la trabajadora del sector doméstico (léase empleada, jardinero, chofer) tendría cobertura médica a 872 enfermedades, 331 medicamentos, 197 cirugías, 105 exámenes, cobertura contra los diferentes tipos de cáncer, atención materna y a los hijos hasta los 12 años, subsidios económicos por enfermedad y, finalmente, derecho a pensión por invalidez y vejez.

Cuatro años de vigencia, ¿y cuál es el alcance?

Para medir el impacto de esa política pública, cuatro años después, solicitamos una entrevista a las autoridades del INSS, a través de un correo electrónico fechado el 3 de marzo de 2010, sin embargo, nunca respondieron a la solicitud, pese a múltiples recordatorios vía telefónica.

No obstante, según cifras oficiales del INSS, publicadas en los Anuarios Estadísticos de 2007 y 2008, se viene registrando un crecimiento tímido de afiliados activos en el sector doméstico, que caen bajo la categoría de “Otros servicios comunales, sociales y domésticos”. Bajo ésta se ubican jardineros, choferes y empleadas domésticas, constituyendo ellas alrededor del 95% de la categoría.

En 1998, según el comportamiento histórico descrito en los Anuarios del INSS, se registraban 42 afiliados activos al Seguro Social bajo la categoría señalada en el párrafo anterior. Posteriormente, en 2006, año en que el Presidente Bolaños anunció la incorporación plena del sector doméstico al INSS, las cifras oficiales indican que cerró con una afiliación promedio total de 1.020 empleados y empleadas del sector doméstico.

En el Gobierno de Daniel Ortega, las cifras siguen mejorando, aunque lentamente. En 2007, la cifra promedio anual de trabajadoras domésticas afiliadas al INSS aumentó a 2.706 y en 2008 mejoró a 3.252, pese a que no hay campaña publicitaria al respecto. De 2009, se desconocen estadísticas oficiales ya que no han publicado el Anuario Estadístico correspondiente a ese año.

En términos geográficos, Managua aporta el 80% de los asegurados activos del sector doméstico en 2008, ya que suma 2.586. En cambio, Boaco y Río San Juan apenas registran uno cada uno (Ver infografía 2).

“Cualquier actividad encaminada a afiliar al Seguro Social aunque sea a una persona del sector doméstico, para mí será siempre un logro, porque eso significa que tienen un derecho que ayer no tenían. Creo que este tema no debe analizarse cuantitativamente, sino cualitativamente. Para mí, se trata de una deuda social del Estado de Nicaragua con ese sector social”, comentó un ex funcionario del INSS del gobierno anterior, quien pidió no ser identificado.

Pese a ese razonamiento, en términos proporcionales, el promedio anual de 3.252 ya no luce tan robusto. La cifra representa apenas el 0,65% de la cobertura total del INSS, correspondiente a 495.585 trabajadores y trabajadoras.