José Adán Silva
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Desde hace tres años Nicaragua no cuenta con una institución pública encargada de fortalecer y asegurar la subordinación del Ejército de Nicaragua al poder civil del Estado, ya que dichas funciones, que debía ejercer el Ministerio de Defensa, Midef, fueron anuladas desde enero de 2007.

Desde entonces, el país no tiene ni ministro de Defensa ni capacidad de supervisión legal de las acciones militares. Así se desprende del Sexto Informe de Gestión del Sector Defensa Nacional, Seguridad Pública y Política Exterior, realizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp, al período de julio 2009 a febrero 2010. Lo que hace el Midef es ínfimo comparado con los 17.6 millones de córdobas que se le destinan de presupuesto, según el documento.

Anulado de facto

Dicho estudio, presentado por el analista de temas de seguridad y defensa, Javier Meléndez, analiza la situación del Ministerio de Defensa desde enero de 2007 a la fecha, y concluye que con la anulación de facto de dicha institución, se evidencia un significativo retroceso en la gestión e institucionalidad democrática en el sector defensa, al dejar dichas funciones directamente en el Ejército de Nicaragua y en las relaciones directas con el presidente Daniel Ortega.

Mediante la Ley 612, Ley de Reforma y Adición a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, número 20, del 29 de enero de 2007, se eliminaron gran parte de las competencias sustantivas del Ministerio de Defensa, a tal grado que el presidente Ortega no nombró a un ministro en el cargo, sino a una secretaria general: Ruth Tapia Roa.

De acuerdo con el citado estudio, el Midef de Nicaragua quedó literalmente disminuido a su mínima expresión en términos de competencias, liderazgo, autoridad y capacidad de interlocución entre el poder civil y el militar.

Para Meléndez, no existe ningún argumento política ni jurídicamente válido que justifique el hecho de que todavía no se haya nombrado al Ministro de Defensa, debido a que esa institución es la tercera en orden de importancia dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, según el artículo 12 de la Ley 290, y un pilar fundamental sobre el cual se sustenta el principio democrático de liderazgo y conducción civil de la defensa nacional.

Lo único evidente, según el investigador, es que al eliminarse la figura del ministro de Defensa, la relación con las Fuerzas Armadas pasan directamente por el presidente Ortega, quien es a la vez el jefe supremo del Ejército de Nicaragua.

Ministerio “zombie”

De acuerdo con la Ley 290, y de conformidad con la Constitución Política, le compete a este Ministerio dirigir la elaboración de las políticas y planes referidos a la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial nacional, y dentro de estas atribuciones, participar, coordinar y aprobar los planes y acciones del Ejército de Nicaragua, entre otras acciones.

Sin embargo, de acuerdo con el informe del Ieepp, el gobierno actual mantuvo el mismo modelo de gestión civil que ha venido desarrollando desde 2007: “Un Ministerio de Defensa sin una posición de jerarquía legal o política que le revista de capacidad material y jurídica de decisión, en la que su débil estructura es reflejo de las pocas responsabilidades que se le mantienen”.

“No se espera que esta situación cambie en lo que resta de la Administración Ortega. Asimismo, el control civil de las Fuerzas Armadas actualmente recae de manera exclusiva en la autoridad del presidente Ortega como su Jefe Supremo. Éste es y seguirá siendo la única autoridad civil en la gestión de la defensa, mientras el Ministerio de Defensa siga estando disminuido y la Asamblea Nacional apática a los temas respectivos”, observa el analista.

Mediante la aplicación de la Ley 612 de 2007, se profundizó la diferencia del marco regulatorio tanto del Ejército como del Ministerio de Defensa, en términos de capacidades y de funciones, al retirar definitivamente a esta última del rol de entidad político-administrativa para la conducción y rectoría del sector.

Menos que un viceministro

Al mismo tiempo, se aumentó el rango de tareas y roles del Ejército sin un efectivo control civil democrático, de acuerdo con el informe, y eso se evidencia en el mismo hecho de que la institución sea dirigida por una funcionaria que ocupa “una jerarquía inmediata inferior a la de los viceministros”.

El cargo de Secretario General en todas las instituciones está vinculado más a la ejecución y fiscalización de actividades administrativas.

Un reflejo de la falta de autoridad de este Ministerio sobre el estamento militar se infiere de la Ley 612. Ésta eliminó cinco de las 11 funciones que el artículo 20 de la Ley 290 le fijaba al Midef.

Siete de las funciones eliminadas eran “accesorias”; de las cinco eliminadas, dos eran sustantivas --las relativas a Inteligencia y Defensa Civil--, y tres de menor relevancia, referidas a medio ambiente y recursos naturales; atención a retirados del Ejército; y recursos físicos del territorio, estudios territoriales, cartografía y meteorología.

Un muerto caro

La ineficiencia de la institución no sería problema social, si no fuera que sólo para 2009, el presupuesto del Ministerio ascendió a 17.6 millones de córdobas.

En ese lapso, la mayoría de las acciones del ente estatal se redujeron a intervenciones o a participaciones de la Secretaria General en los actos de aniversario de las distintas fuerzas que componen el Ejército de Nicaragua, y de otros órganos comunes, así como reuniones y encuentros con agregados militares, misiones especiales, representantes de organizaciones internacionales y la firma de convenios internacionales gestionados por la Cancillería y la Presidencia, para tratar temas generales relacionados con desminado y derecho internacional humanitario, entre otros.

La falta de funciones de importancia se refleja, incluso, en los mismos planes anuales de la institución.

A confesión de parte…

En el plan institucional 2009, que la secretaria Roa Tapia envió a la Presidencia en febrero de ese año, señaló que una de las principales dificultades el año anterior, había sido la ausencia “de un marco jurídico que norme al Ministerio de Defensa, ya que en la Ley 290 y su Reforma, la Ley 612, existen algunas funciones que deben ser revisadas y/o adecuarlas a la realidad operativa”.

Con esas limitaciones, el plan institucional se limitó principalmente a “mantener la presencia y liderazgo del Ministerio de Defensa en aquellos foros internacionales priorizados, y que no signifiquen erogación de recursos propios”.

Del mismo modo, sus “retos” fueron “declarar, al finalizar 2009, a Nicaragua como territorio libre de minas antipersonales”, algo que todavía no se logra en su totalidad, y, finalmente, “establecer relación con los gabinetes del Poder Ciudadano, a fin de poder realizar un diagnóstico y formular un plan de trabajo que nos permita lograr que la población, se apodere de los conceptos básicos de la Doctrina de Defensa Nacional”.

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