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  • AFP

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, arribó este mediodía a Honduras para instalar la Comisión de la Verdad que pretende esclarecer el golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Insulza llegó al aeropuerto Toncontín acompañado del asistente de Asuntos Políticos de la OEA, Víctor Rico, y del asistente del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Craigh Kelly.

El presidente Porfirio Lobo instalará hoy la Comisión que pretende aclarar los sucesos relacionados con el golpe de Estado del 28 de junio que depuso al entonces presidente Manuel Zelaya, aunque mucha de la información que recabe será clasificada por diez años. Lobo tiene previsto reunirse con Insulza esta misma tarde, a su regreso de Costa Rica, donde iba a encontrarse con su homólogo Oscar Arias.

El gobierno hondureño oficializó el 12 de marzo la integración de la Comisión que "buscará el esclarecimiento de los hechos ocurridos antes, durante y después" del golpe de Estado que expulsó de varios organismos internacionales, entre ellos la OEA, al país centroamericano.

La Comisión estará coordinada por el ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein y estará integrada por el diplomático canadiense Michael Kergin y la ex magistrada peruana María Amadilia Zavala Valladares. La contraparte local la conformarán la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julietta Castellanos, el ex rector Jorge Omar Casco, y su secretario técnico será el intelectual Sergio Membreño.

Protesta en Tegucigalpa
Amarrados con lazos a unos maderos, simulando una crucifixión, una veintena de indígenas lencas protestó por la instalación de dicha comisión. "Esta no es una comisión de la verdad es una comisión de la mentira", afirmó Bertha Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, a la que pertenecen las comunidades lencas, que habitan el oeste del país.

Los manifestantes indígenas se instalaron primero frente a la Casa Presidencial en Tegucigalpa, pero fueron desalojados a empellones por piquetes de militares y policías, por lo que luego se colocaron a unas cuantas cuadras en el bulevar Juan Pablo II. "Sentimos que nos tienen crucificados en este país, no podemos hacer nada, los crímenes de los compañeros que cayeron en esta época de crisis están quedando en la impunidad", lamentó la estudiante de pedagogía Geovinia Ramos, de 20 años, una de tres mujeres que se crucificaron.

"Respaldamos plenamente la iniciativa de la Plataforma de Derechos Humanos de integrar una comisión de verdad alternativa, integrada por organismos y personalidades defensores de derechos humanos de alta credibilidad", anotó un comunicado de los manifestantes.

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