Jorge Eduardo Arellano
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Las comparaciones son grotescas, pero válidas para la magnitud del problema. Para un ex intendente de la Propiedad, el tema de la red de robatierras es tan doloroso que gotea sangre, y para un ex procurador, ha sido tan dañino para el país al igual que un cáncer para un cuerpo humano.

Alfonso Sandino, ex Intendente de la Propiedad en la Administración del ex presidente Enrique Bolaños, calificó “como grave” las denuncias de una ex notaria de la Procuraduría General de la República, contra ex funcionarios y trabajadores del Estado señalados de pertenecer a una red de traficantes de tierras estatales, pero al mismo tiempo las consideró como “deshonestas”, al tratar de vincular a personas inocentes en imputaciones delictivas.

“Nunca conocí personalmente a la señora Morena Avilés, sé que estuvo en la Procuraduría y hubo problemas y denuncias contra ella, pero sí conocí y trabajé con muchísima gente a la que ella acusa ahora, y me parece una infamia que se les trate de manchar su nombre”, dijo Sandino, en abierto respaldo a la procuradora de la Propiedad Magaly Bravo, al ex procurador Alberto Novoa, al ex subprocurador Víctor Manuel Talavera y a otras personas señaladas por la ex notaria uno del Estado.

Maquinaria de robo
“Esta gente trabajó incansablemente en comisiones interinstitucionales, con gente capaz como el ingeniero Claudio Gutiérrez (del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, q.e.p.d.), con magistrados de la Corte Suprema y con personal del Ejército y de la Policía, del Ministerio Público y de la Procuraduría, para detener a toda una maquinaria dedicada a robar tierras”, dijo Sandino, quien negó, al mismo tiempo, haber “derramado” sangre por decisiones de asignaciones de tierras a campesinos de la ex Resistencia Nicaragüense.

Morena Avilés Serrano señaló a Sandino de haber causado enfrentamientos a balazos y machetazos entre grupos de campesinos, al asignar varias veces títulos de propiedades sobre una misma finca.

“El único recuerdo de una muerte que tengo es del caso de Domingo Zeledón, un desmovilizado que perdió su tierra ante un banco, y el banco luego la vendió a un grupo de ex combatientes. Era de El Naranjo, en Waslala, y la finca estaba en Boaco. Lo emboscaron por la propiedad, y su féretro estuvo en protesta frente a la Intendencia, todo eso fue culpa de la misma red de traficantes que alteró todo el sistema jurídico para expropiar y negociar tierras de legítimos dueños”, explicó Sandino.

Mafia Real
Según el ex intendente de la Propiedad, las denuncias de una red de traficantes de propiedades con vínculos desde instituciones del Estado, siempre fue objeto de denuncias e investigaciones ante la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, “porque actuaban como una mafia”.

“Falsificaban firmas, alteraban poderes generalísimos, creaban escrituras, usurpaban identidades, revivían a fallecidos para reclamar, y reprodujeron carnés de desmovilizados con sellos de la OEA como papeletas, a pesar que el número de desmovilizados oficialmente inscritos era de 22,475. Había más de 50 reclamantes de tierras azuzados por unos pocos vivos”, denunció Sandino.

El ex intendente recordó que en 2004 denunció que el Estado de Nicaragua habría perdido hasta 115 millones de córdobas por supuestos fraudes que se cometieron con el Programa Especial de Desmovilizados (PED), creado para dar por terminada, según un Acuerdo Presidencial, la demanda de tierras de desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense, lo cual terminó convertido en un negocio personal de los encargados, quienes engañaron a ex contras, a productores y al Gobierno mismo.

Más de 500 propiedades (unas 250 mil manzanas de tierra) que fueron pagadas por el Estado para ser tituladas a favor de desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense y del Ejército, terminaron vendidas a terceras personas que no eran los destinatarios.


Peor que narcos
Esta semana el procurador general de la República, Hernán Estrada, denunció que la institución estaba investigando y persiguiendo a una red de traficantes de tierras de las que no excluyó a funcionarios, y a quienes prometió castigar “sea quien sea”.

De acuerdo con cálculos de la PGR, más de 15 mil cooperativas que habían sido beneficiarias de tierras con la Reforma Agraria de los años ochenta, fueron desarticuladas, y las propiedades arrebatadas a más de 132 mil familias pobres y campesinas de todo el país.

Según la Procuraduría, actualmente su principal tarea “es combatir esta red del crimen organizado que orquestó una contrarreforma que afectó a 132 mil familias, que representaban a más de quince mil cooperativas que desaparecieron, producto de una brutal contrarreforma. Aquí se salvó un universo mínimo de cooperativas”, dijo Estrada.

El procurador denunció que, incluso, los supuestos miembros de la red han falsificado firmas, sellos y documentos de la Procuraduría y de personal del Poder Judicial, razón por lo cual, en el marco de la lucha contra dicha organización, se tomó la decisión en enero pasado de congelar el registro de nuevos reclamos de propiedades de nacionales o ciudadanos estadounidenses.

Robos inverosímiles
Por su parte, Alberto Novoa, procurador de la pasada Administración, calificó la situación del tráfico de propiedades estatales y privadas “como un cáncer” que desde hace años agobia al país, y que por más que se combata, más parece extenderse.

“En mi administración conocimos casos donde inventaron juicios completos, crearon sentencias y expropiaron propiedades que luego vendían a precios millonarios, y después el Estado era demandando y obligado a pagar lo que otros se llevaban”, recuerda Novoa, quien igual que Sandino defendió la actuación de la procuradora especial Magaly Bravo y del equipo investigativo penal de la PGR.

“Contrario a la señora Morena Avilés, ex notaria uno del Estado, la señora Bravo siempre fue profesional y transparente, no recuerdo alguna denuncia sobre ella como las que sí conozco contra la otra señora”, dijo Novoa, quien aseguró que en su cargo descubrió intentos de estafar al Estado “que eran increíblemente osados”.

Según recuerda, en una ocasión detuvieron la venta ilegal de 50 mil manzanas de tierra inexistentes en Nandaime, con una sentencia de un juicio que nunca ocurrió. Y en otra ocasión, detuvieron la venta de más de 45 propiedades urbanas en Bluefields, que habían pasado al Estado en virtud de las quiebras bancarias, y que un grupo de abogados intentaba inscribir y luego vender a terceros.