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El Gobierno costarricense, a través de la Procuraduría General de la República, impugnó las medidas cautelares dictadas contra el proyecto minero Crucitas, por el juez segundo de Circuito Judicial del Tribunal Contenciosos administrativo, Alexander Castillo Aguilar, quien estimó procedente la suspensión de actividades de Industrias Infinito, mientras dure la tramitación, y hasta tanto no se resuelva en sentencia los cuestionamientos de legalidad que se realizan, según informó el director de Fundación del Río, Antonio Ruiz.

La suspensión de actividades ordenadas por el judicial fue realizada dentro del proceso de conocimiento interpuesto por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, Apreflofas, contra el Estado, el Sinae e Industrias Infinito. La medida cautelar fue acogida de manera provisionalísima, otorgando el judicial audiencia a las partes.

El Estado costarricense atendió la audiencia, exponiendo las razones por las cuales consideraba debía cesar los dispuesto provisionalmente, e invocó y solicitó se resolviera interlocutoriamente la defensa de cosa juzgada, la cual fue considerada prematura por el judicial, quien rechazó de plano y dictó las medidas cautelares, al considerar que “estaríamos ante un daño con gravedad de difícil o imposible reparación; y que en este caso deberá prevalecer el interés público sobre el interés del particular”.

La posición del Gobierno de Óscar Arias sigue siendo condenada por los líderes ecologistas que con la nueva acción lo declaran “fiel sirviente de la compañía minera”.

El representante de la organización nicaragüense Fundación del Río dio a conocer un comunicado de prensa emitido por Preserve Planet y UnoVida, a través de sus líderes, Luis Diego Marín Schumacher y Edgardo Araya, respectivamente.

Estado defiende intereses de compañía minera

“De manera clara y directa, el Estado costarricenses impugna medidas cautelares contra Crucitas. Más claro no puede quedar el contubernio entre el Estado y la empresa canadiense Industrias Infinito, que pretende desarrollar el proyecto minero más grande de la historia de Centroamérica en la comunidad de Crucitas en Cutris, San Carlos”, sostiene en el comunicado.

“Es una vergüenza que el Estado costarricenses defienda los intereses de una compañía minera transnacional en lugar de defender los intereses del pueblo costarricense”, manifestó Edgardo Araya, quien advierte que la medida no es contra el Estado, “la medida cautelar lo único que pretende es que no se ocasiones un daño irreparable hasta tanto no se resuelva el proceso ordinario”.

Luis Diego Marín, de Preserve Planet, dijo que esa situación la están viviendo desde que el presidente Óscar Arias declaró de interés nacional el destructivo proyecto Crucitas. “Ahora le toca a la presidenta electa Laura Chinchilla ponerse una flor en el ojal y respetar la opinión de una inmensa cantidad de costarricenses que no apoyan el proyecto Crucitas”, y pidió a Chinchilla vetar el Decreto emitido por Arias.