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Los magistrados sandinistas de la Sala Constitucional Francisco Rosales, Ligia Molina y el doctor Rafael Solís ordenaron hoy a los diputados de la Asamblea Nacional abstenerse de seguir tramitando la ley que deroga el “decretazo”, mediante un auto que hace constar que ya radicaron el Recurso de Conflicto de competencia entre poderes del Estado interpuesto por la diputada Alba Palacios, en febrero pasado; hasta que esta Sala se pronuncie sobre el fondo del presente recurso.

Además, los funcionarios y Solís proclamaron la vigencia del decreto 03-2010 que prorroga en sus cargos a los 25 funcionarios a los que se les vence sus períodos constitucionales. De igual manera, los funcionarios giraron oficio a todos los Tribunales de Apelaciones del país para que se abstengan de conocer y continuar tramitando cualquier recurso de amparo contra el decreto referido.

El magistrado liberal, Sergio Cuaresma, manifestó que “el auto salió de sorpresa” porque no estaba incluido en la agenda y era la primera vez que lo miraban, aunque el doctor Rosales aseguró que ya lo había presentado en sesiones ordinarias anteriores.

Cuaresma afirmó que este auto es “completamente ilegal” porque fue firmado el 7 de abril, día en que según el magistrado liberal, la doctora Molina estaba de vacaciones. “Ellos (magistrados sandinistas) dicen que firmaron ese auto el 7 de abril y la doctora Molina estaba de vacaciones, cómo es que ahora aparece como una de las firmantes y la secretaria de la Sala, Zelmira Castro, da fe pública de algo ilegal”, expresó el doctor Cuarezma.

Ante el cuestionamiento de Cuaresma, Rosales respondió que la doctora Molina interrumpió sus vacaciones para firmar el auto. “En el libro de acta está claro que ella (Molina) regresó hasta el 12 de abril, refutó Cuarezma.

“La mentira tiene patas cortas, mencionó Cuaresma. “Lo demás cae por su propio peso. Dos magistrados no son mayoría. Ese día estábamos Dámisis, Iván y su servidor, éramos mayoría por tanto no se firmó ese auto”, reiteró Cuarezma.

Una vez radicado el auto, se inicia el trámite y mandan a citar al presidente de la República Daniel Ortega y al presidente de la Asamblea Nacional René Núñez para que presenten informe.