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“La Policía Nacional tiene una subordinación efectiva y constitucional al Presidente de la República, no es una subordinación política partidaria, es una subordinación constitucional”, afirmó ayer la primer comisionada Aminta Granera, al justificar los señalamientos de “pasividad” y “complacencia” con los actos vandálicos perpetrados por simpatizantes orteguistas el pasado 19 de abril.

La jefa policial no quiso mencionar la orden “constitucional” que le dio el Presidente al momento de los ataques de los orteguistas, quienes lesionaron a pedradas a tres diputados opositores cuando éstos salieron del Hotel Holiday Inn.

“Actuamos en estas situaciones y en momentos de conflicto o de violencia política en las calles bajo dos principios fundamentales: el primero es preservar la vida de las personas involucradas en estos conflictos, y creo que eso lo hemos conseguido, el segundo; propiciar que la actuación policial no agudice, no genere más violencia y no lleve el conflicto a niveles que no se puedan controlar. Es difícil encontrar ese equilibrio, ese pie de la balanza”, señaló.

“Siempre se paga un costo”

La directora de la Policía dijo que condena la violencia y justificó los daños a la propiedad privada, al señalar que “siempre se paga un costo”.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, Vilma Núñez, en ese momento cuestionó a los cuadros intermedios de la Policía Nacional, diciendo que éstos estaban siendo influenciados por el presidente Ortega.

La jefa policial esquivó dicho señalamiento, contestando que no vio las declaraciones de Núñez, y recordó que esta institución está subordinada al mandatario.

Expedientes en la Fiscalía

El 20 de abril, los simpatizantes orteguistas quemaron dos vehículos y dañaron un tercero, propiedad de diputados opositores. Apedrearon las instalaciones de la sede del movimiento político Vamos con Eduardo, abollaron y quebraron los vidrios de un vehículo de un medio de comunicación, entre otros hechos.

Algunos de los afectados interpusieron la denuncia en la Policía, pero otros que sienten desconfianza en la efectividad de la institución para resolver este tipo de casos, prefirieron no hacerlo.

“Sí, las denuncias que se pusieron fueron pasadas a la Fiscalía. Si no hay personas investigadas no se pasan expedientes”, aseguró la comisionada.

En los disturbios de los orteguistas se pudo apreciar a un joven sin camisa que muy tranquilamente mostraba los tatuajes propios de la peligrosa Mara 18, sin embargo, Granera negó que desde el norte de Centroamérica hayan ingresado mareros a nuestro país.