Rafael Lara
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El Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, mostrando el documento firmado y sellado, informó que hoy por la mañana enviará la orden de libertad al Sistema Penitenciario “La Esperanza”, para la madre que fue condenada a 12 años de prisión, por ser, supuestamente, colaboradora necesaria del delito de violación agravada contra su hija de 13 años.

La hermana de la afectada dijo sentirse muy agradecida con EL NUEVO DIARIO, por el seguimiento del caso, y conocer que ya existe una orden de libertad es la mejor noticia que pudo recibir.

“Es una buena noticia, aunque a estas horas de la tarde todavía ni nuestro abogado defensor, ni nosotros hemos sido notificados de la sentencia del TAM, que revoca la sentencia condenatoria”, expresó.

Añadió que a eso de las diez de la mañana visitarán el TAM para que oficialmente les entregue la sentencia y saber si la orden de libertad fue entregada en el penal.

Relaciones Públicas del TAM mostró que la orden está fechada el 5 de mayo, sin embargo, hasta hoy sería enviada.

La hermana de la detenida criticó que una obligación del Estado es informar a las personas sobre sus resoluciones judiciales, sobre todo, cuando se admite que el sistema se equivocó e hicieron pasar a su hermana, a su hijo e hija, por tantas penalidades, luego del trauma de la violación de la niña.

“Por eso me siento ofendida, y porque el violador --Irvin Oswaldo Ramírez Siles-- sigue libre y ella, aún hoy, en la cárcel”, apuntó.

Defensor no ha sido notificado

Boanerges Ojeda, abogado defensor de la afectada, dijo no conocer hasta la tarde de ayer la sentencia, ni haber sido notificado oficialmente de la orden de libertad.

“Lo único que he visto es una copia de la resolución con fecha del 23 de abril, entregada por el TAM a EL NUEVO DIARIO, con lo que se mira que como medio de comunicación coadyuvan a acelerar el proceso de administración de justicia, sobre todo en este caso de una flagrante injusticia del sistema judicial, en tanto al papel del Ministerio Público y los Juzgados”, dijo Ojeda.

Comentó que aunque sea de manera tardía, se está enmendando el error que cometieron, aunque nadie le hará recuperar el tiempo perdido a esta madre encarcelada y separada de su familia durante casi cuatro meses.

“Es hora de que estos errores paren, y el Estado debería hacer realidad lo establecido en el artículo constitucional 131, párrafos dos y tres, en tanto a que cuando los funcionarios del Estado perjudican derechos, éstos son directamente responsables del daño y deben responder por lo causado. Teóricamente, por este caso se puede demandar al Estado, por lo que hicieron a esta mujer y a su familia”, alegó.

El abogado agregó que, aparte de que el Ministerio Público la acusó, que la judicial la condenó, todavía la audiencia se realizó el 15 de abril, y la afectada, 22 días después, no ha recobrado su libertad, cuando el TAM está obligado a dar una resolución en cinco días.

“De no ser por EL NUEVO DIARIO y por las organizaciones de derechos humanos, que pusieron atención y dieron seguimiento al caso, habría pasado mucho más tiempo, al igual que en cantidad de casos”, dijo el abogado.