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El Estado de Nicaragua fue citado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por el incumplimiento de la sentencia en el caso de la organización indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, Yatama, dictada en junio de 2005.

Norwin Solano, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, organización que dio acompañamiento y seguimiento a la demanda de Yatama, señaló que en su momento la CIDH condenó al Estado nicaragüense y le ordenó hacer reformas legislativas tendientes a adecuar el Sistema Electoral a los estándares internacionales de Derechos Humanos, principalmente en establecer un recurso sencillo y efectivo que controle las decisiones del Consejo Supremo Electoral, CSE, así como la eliminación de los obstáculos que impidan a las organizaciones indígenas presentar candidatos para optar a cargos de elección popular.

Según el abogado, el cumplimiento fue efímero en algunos aspectos, acatando sólo acciones sencillas, pero no se tocó la base de la demanda: la necesidad realizar reformas legislativas y en las leyes electorales, para evitar la exclusión de organizaciones políticas en los eventos electorales.

“Uno de los elementos que se necesitaban era la aprobación de un sistema en el cual las organizaciones impugnadas pudieran reclamar, pero por la falta de eso hubo violación de los derechos humanos a los que deseaban participar en las elecciones, en este caso los candidatos de Yatama para las elecciones de 2000”, explicó el licenciado Solano, mencionando que la CIDH ha dado seguimiento al cumplimiento de la sentencia.

El caso se refiere a la exclusión que sufrieron los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales presentados por la organización indígena Yatama para participar en las elecciones municipales realizadas el 5 de noviembre de 2000, en las regiones autónomas del Atlántico Norte y del Atlántico Sur.

Lo anterior fue consecuencia de una Resolución emitida el 15 de agosto de 2000 por el CSE. Luego se presentaron diversos recursos contra dicha resolución, y, finalmente, el 25 de octubre de 2000, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua declaró improcedente el recurso de amparo interpuesto por los candidatos indígenas. En virtud de ello, la CIDH declaró que el Estado nicaragüense había violado, entre otros, los derechos a las garantías judiciales y a la igualdad ante la Ley.

Solano indicó que después de casi cinco años, hasta el momento el Estado no ha dado muestras para que se inicie el proceso de consultas ni de intercambios de propuestas ni con los afectados ni con las instituciones. “El ánimo de exclusión de parte de los legisladores cuando promulgaron la Ley Electoral, o la situación que originó la violación a los derechos humanos contra Yatama, continúa vigente”.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, el Cenidh, y la organización indígena Yatama, expondrán el próximo 26 de mayo ante la Corte Interamericana el desacato del Estado de Nicaragua, en audiencia privada, en la sede de la Corte, en San José, Costa Rica.