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“Al fin liberada, pero vejada hasta el final”. Esa es la consideración del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, luego de observar la prepotencia, la indolencia e incapacidad de los funcionarios del sistema de la llamada “justicia” en Nicaragua, en el caso de la madre condenada a 12 años y luego absuelta por el desestimado delito de colaboradora necesaria en la violación de su hija de 13 años.

Después de poder abrazar a su hija y a su hijo, entre llantos y temblando de la emoción, la mujer dijo a EL NUEVO DIARIO que lo primero que haría al regresar a su hogar sería darle gracias a Dios.

“Me siento tan emocionada de regresar con mi familia, pero me causa gran pena que me trataran así por cosas que no hice, y menos con mi hija. Me duele haber abandonado a mis hijos por la situación, y me trajeron aquí”, dijo entre sollozos, refiriéndose a la Penitenciaría de Mujeres.

Aunque no fue ahí donde en realidad estaba a la hora de ser entrevistada, sino en el kilómetro 12.1 carretera a Masaya, ya que la dirección del penal “La Esperanza” la trasladó en vehículo particular fuera del penal, para que no se encontrara con los representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh; del Instituto de Promoción Humana; del organismo Gaviota, y EL NUEVO DIARIO, que aguardaban su salida.

Prepotencia del penal

La prepotencia de la dirección del penal retardó por horas la libertad, aunque era evidente que a esas “alturas” la detención era ilegal. Incluso primero dijeron que la salida sería el sábado o hasta la próxima semana.

Pero la insistencia de llamados a funcionarios del TAM, de Auxiliadora Urbina, Procuradora de Cárceles, y hasta de funcionarios de Gobernación, dieron pie a la liberación, pero no sin antes hacer su capricho, menospreciando el trabajo de organizaciones de derechos humanos y de los medios de comunicación que dieron seguimiento al caso.

Antes de la liberación, únicamente permitieron el acceso al hijo adolescente, sin abogado, quien fue regañado por las llamadas telefónicas que recibieron de otras instancias.

Sin embargo, no hicieron efectiva de inmediato la orden del Poder Judicial, aunque tenían en sus manos el fax del Penal de Tipitapa, que ratifica las órdenes judiciales, con la confirmación de recibido y aceptado.

La sacaron escondida

En cambio, según el joven que estuvo en la oficina de la dirección del penal, observó que la funcionaria estaba muy molesta por las llamadas y no quería a ninguna organización, ni a medios de comunicación frente a la institución, por lo que optó por sacarla escondida de la institución, en un vehículo particular.

“Lo que más me duele es que quien me hizo daño a mí, a mi hija y a toda mi familia, continúa libre y seguimos pasando este drama. Eso es lo que más me duele. Haber venido a pagar por lo que no debía, y él anda muy fresco en la calle”, indicó, recordando que la dirección de la Estación III de la Policía Nacional sigue de brazos cruzados, en evidente falta de interés en la captura del acusado Irvin Oswaldo Ramírez Siles, por el delito de violación agravada contra una niña de 13 años.
 
Con voz entrecortada dijo que fue horrible lo sufrido y que marcó su vida, al sufrir en un penal, donde algunas de las funcionarias tratan continuamente a las privadas de libertad, donde hay humillaciones, diciéndoles que como autoridad las custodio pueden hacer lo que quieran, incluso pegarles, y las privadas de libertad son simples delincuentes, castigándolas por cualquier cosa.

“Tengo la fe en Dios que nuevamente se me abran las puertas para poder trabajar y velar por mis hijos, en eso necesito que me ayuden”, expresó muy angustiada.

“Tratamiento inhumano”

Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, dijo que el tratamiento fue inhumano, por la ineficiencia policial en este tipo de casos, por la falta de pericia del Ministerio Público, que acusó sin fundamentos, y de la juez que dio una pena injustificada de 12 años de prisión.

Luego fue el TAM, que tras la audiencia del 15 de abril, fue hasta el 23 de abril que se levantó una resolución que revoca la sentencia, pero fue hasta el 5 de mayo que sacan la orden de libertad que se hizo efectiva hasta ayer 7 de mayo, gracias al esfuerzo de las organizaciones de derechos humanos involucradas, que presionaron para la agilización de un proceso burocrático desgastante.

Carrión comentó que este caso es emblemático y se analizará para posteriormente denunciarlo a nivel internacional como parte de la violación al debido proceso, y desde diversos puntos de vista, a la violación de los derechos humanos de una ciudadana.