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Tres agentes de la transnacional Dole Food Company aprovecharon la necesidad de 27 ex trabajadores de fincas bananeras de Nicaragua para reclutarlos y declarar contra 11 afectados del Nemagón y Fumazone, conocido como el Caso Mejía, y uno del Caso Rivera, que se ventilaba en el despacho de la juez Victoria G. Chaney, de Los Ángeles, California.

Siete miembros del grupo de ex bananeros en declaraciones juradas, revelaron que los agentes de la transnacional bananera en mención, el costarricense Luis Ángel Madrigal Guevara, el mexicano José Francisco Valadez y Luis Carrizales, les ofrecieron prebendas para exponer en contra de las víctimas del tóxico ante la juez Chaney.

Juan José Herrera Jarquín, declaró que Valadez le prometió visa americana, 50 mil dólares, empleo, vivienda y hospedaje en Estados Unidos a cambio de declarar contra una de las víctimas del Nemagón y Fumazone conocido como DBCP, pero se negó, y fue “intimidado por Madrigal y por varios gringos”, que le entregaron 6 mil 500 córdobas y al final declaró.

Por su parte, Juan José Herrera Jarquín, dijo que Madrigal y Valadez, junto a otras personas de aspecto norteamericano, lo obligaron a declarar a favor de la Dole, y si se negaba lo acusarían criminalmente, a cambio recibió 6 mil 500 córdobas.

Fabiola de los Ángeles Dávila Gutiérrez expresó que “los investigadores de la empresa Dole le dijeron que les interesaba encontrar cosas malas o que perjudicaran a los demandantes y sus demandas”.

La mujer indicó que los agentes le dijeron que utilizara parte del dinero (300 dólares diarios) que le daban, para comprar a personas, y que le firmaran una declaración diciendo mentiras de los bananeros en demanda.

Madrigal la trajo de Guatemala, donde trabaja, y le ofreció 7 mil 500 dólares. Al final sólo le dio 4 mil córdobas para que declarara en un hotel de Managua y pidiera protección, porque tenía miedo de que los abogados Antonio Hernández Ordeñana y Juan José Domínguez, de las Oficinas Legales para los Bananeros de Chinandega, le hicieran daño, porque según el costarricense son personas peligrosas.

Una conspiración de agentes de la Dole Fruit Company

Luis Madrigal interceptó a Rufino Hermógenes Pérez Ballesteros, y le preguntó si conocía a Francisco Donald Quiñónez, demandante del Caso Mejía, éste le respondió que trabajaron en la misma bananera, y lo obligó a firmar un documento, cuyo contenido era perjudicial a la víctima.

Madrigal y Valadez llevaron hasta Costa Rica a Antenor Cano Centeno, donde rindió testimonio, pero no lo firmó porque no le pagaron 12 mil dólares que le ofrecieron.

“Francisco Valadez sacó una computadora portátil y me mostró la fotografía de Julio César González, del Caso Mejía, le dije que lo conocía porque trabajamos juntos en la misma bananera. Me dijo que le firmará un documento para asegurar que fueron compañeros de trabajo, y necesitaban enviarlo a Estados Unidos porque el dinero estaba cerca, y para que confiara en ellos le darían 3,500 dólares, y firmó el documento. Les pedí que me leyeran el escrito, porque en ese momento tenía las manos llenas de grasa, pero no lo hicieron ni me entregaron el dinero”, indicó.

Hasta Matagalpa viajaron Luis Madrigal, David Cascante y Luis Carrizales, para visitar a Irvin Jacinto Castro Agüero, antiguo trabajador de fincas bananeras de Chinandega, quien aseguró que los agentes de la Dole le incumplieron múltiples promesas después de ofrecer su testimonio en un hotel de Managua.

Están arrepentidos

Los siete ex trabajadores del banano se mostraron arrepentidos por haber ofrecido a los agentes de la Dole los testimonios, que fueron tomados en cuenta por la juez Victoria G. Chaney para declarar sin lugar El caso Mejía y acusar de fraude a los abogados Antonio Hernández Ordeñana y Juan José Domínguez.

Catalogan a ambos juristas como honestos, y que han luchado por los afectados por el Nemagón y Fumazone, utilizado por las transnacionales del banano a pesar de una prohibición.

Recordaron que las empresas bananeras obligaron a los trabajadores a regar el tóxico, sin guantes, cascos y botas para su protección, y jamás cotizaron al Seguro Social.

Dijeron que a pesar de que los barriles donde se almacenaba el veneno se distinguían con una calavera en señal de advertencia, a las transnacionales no les importó el daño causado a miles de trabajadores, lo cual está certificado mediante exámenes de laboratorios.

Los siete ex bananeros dijeron que el daño más palpable son diversas enfermedades en la vista, riñones e infertilidad. La lucha de los trabajadores del Nemagón tiene diez años, y 3 mil ex trabajadores murieron con la esperanza de recibir una indemnización de las transnacionales.

Irvin Jacinto Castro Agüero instó a la juez Victoria G. Chaney a viajar a Nicaragua o enviar a personal de su juzgado a investigar la realidad de los afectados por el Nemagón y el Fumazone, y desechar las entrevistas grabadas y televisadas que le entregaron los agentes de la Dole, y que ella a ciegas creyó.

Los declarantes solicitaron a la jueza Chaney abrir los casos Mejía y Rivera, y emitir un fallo favorable para los once afectados, porque de lo contrario el profesionalismo de la funcionaria quedará en entredicho, debido a que está cometiendo un acto de injusticia, porque está comprobado que las transnacionales de los Estados Unidos, comercializaron el Nemagón y el Fumazone en las bananeras de Chinandega durante la década de los 70 e inicios de los 80.

¿Jueza se dejó influenciar por agentes de la Dole?

Una fuente ligada a la investigación reveló que en febrero de 2009, la jueza de California abriría el juicio del Caso Mejía, pero se dejó influir por las investigaciones de los agentes de la Dole, tomó a los 27 testigos que “aceptaron” declarar a favor de la transnacional y dejó en indefensión al grupo de afectados.

En su veredicto, la jueza Chaney dijo que “en Nicaragua existe la atmósfera de amenaza, que ha dañado el progreso de este caso y de cualquier otro. Estoy aquí para salvaguardar nuestro sistema de justicia y para reconocer que he fallado a las partes en mi capacidad de ofrecerles un juicio justo. A todas las partes, los demandantes y los acusados, y lo siento por ello, me hubiera gustado continuar”, expresó.

En un plazo de tres días --no dando a los abogados Juan José Domínguez y Antonio Hernández Ordeñana, la oportunidad de defenderse--, la jueza Chaney los señaló de fraude a la Corte y extorsión flagrante a los acusados.

“Un fraude a la Corte ocurre cuando puede demostrarse, clara y convincentemente, que una parte ha puesto en marcha una trama encaminada a interferir con la capacidad de un sistema judicial para imparcialmente adjudicar un asunto mediante influencia inadecuada sobre el juez, u obstruyendo de manera injusta la presentación por parte del opositor de un reclamo o defensa”, añadió la jueza.

Chaney calificó de inmoral, insidiosa y profunda la conducta de los demandantes y los abogados de ellos, porque, según ella, existen cantidades masivas de evidencia que demuestran el reclutamiento y entrenamiento de demandantes falsos para presentar casos tanto en las cortes de Nicaragua como de los Estados Unidos.

La jueza se refiere a una prueba no controvertida de la fabricación sistemática de constancias de empleo, las que fueron firmadas en blanco y llenadas posteriormente, para aplicar a cualquier demandante a ser seleccionado, “según el capricho del abogado, sus empleados y sus agentes”.

Chaney queda en entredicho, porque de acuerdo con la declaración jurada del testigo Juan José Herrera Jarquín, ex trabajador del banano, fueron Luis Madrigal y Francisco Valadez quienes le presentaron una fotografía de uno de los afectados por el tóxico, y le preguntaron si él había dado una verificación de empleo a favor de esa persona.

Según la jueza, los abogados Hernández y Domínguez contactaron a personas para que no cooperen con los investigadores de Dole, lo cual a su criterio es atemorizante.

“Pareciera que instruyeron a la gente para que dañara a los investigadores o a cualquier persona que ofreciera testimonio de los esquemas ilegales que se estaban tramando en Nicaragua: se han distribuido boletines en parques para causar miedo en las mentes y en los corazones de los investigadores, de manera que éstos no se acerquen”.

“Desafortunadamente ha funcionado, el señor Valadez está bajo demanda criminal y está muy preocupado por sus entradas y salidas de ese país, Nicaragua, está muy preocupado por su seguridad y ha tenido que movilizarse constantemente y no ha podido investigar a fondo. Tiene que cuidar su espalda”, dijo Chaney.

En clara parcialización a los agentes de la Dole, la jueza dijo que los demandantes de los casos Mejía y Rivera, han presentado documentos fraudulentos y han participado activamente en una conspiración para defraudar a esa Corte, sacar dinero de los acusados y defraudarlos.

Manifestó que tiene serias dudas sobre la buena fe de cualquier demandante que ha sido lesionado como resultado de su exposición al DBCP, mientras trabajaba en las fincas bananeras.

La fuente ligada a la indagación dijo que el supuesto fraude señalado por la jueza Chaney, intenta golpear a los grupos Provost, Carlos Gómez, Walter Gutiérrez y Oficinas Legales para los Bananeros, que representan a miles de afectados por el Nemagón y Fumazone, sin embargo están conscientes que la lucha continúa.