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El magistrado orteguista Francisco Rosales Argüello, Presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dejó a un lado su máscara y mostró la verdadera actitud, ya conocida por los nicaragüenses, que tienen los funcionarios al servicio de Daniel Ortega: la intolerancia ante las preguntas incómodas que durante más de tres horas ayer le hicieron representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

Rosales llegó al límite de decir que “ya no estamos en un intercambio, en un conversatorio, sino que estamos en un enjuiciamiento, usted cuestiona: ‘Quiero que me diga tal cosa’, dice usted, ya es casi incriminatorio, y eso amerita una objeción inmediata tanto en Francia como en Inglaterra o en cualquier parte”. Él reaccionó visiblemente molesto a las preguntas sobre la retardación de justicia, el manoseo político a la Constitución de la República y las críticas a la pasividad y a la complacencia judicial relacionadas con actos vandálicos del orteguismo.

¿Por qué se demora tanto una investigación policial? ¿Hay una compensación a las víctimas que son acusadas injustamente? ¿Hay transparencia en los expedientes de las víctimas?, fueron algunas de las preguntas que hizo Eric Sottas, Secretario General de la FIDH, que, aunque fueron dirigidas hacia la primera comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional, disgustaron al magistrado.

“Con toda la misma franqueza tengo que decir que me extraña su respuesta, me parece que hasta la fecha estábamos en una discusión-intercambio, y yo creo que el intercambio también nos permite tocar unos pasos particulares, donde pensamos que hay elementos para preguntar, pero si no hay preguntas posibles, yo no creo que haya un intercambio”, respondió Sottas a Rosales.

Recordaron violaciones de los orteguistas

Representantes de la FIDH y de la OMCT pidieron aclaraciones a la Policía, a la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, y al magistrado Rosales sobre las denuncias realizadas por miembros de diferentes organismos y agrupaciones sociales. Recordaron desde la golpiza que recibieron miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en 2008 a manos de turbas orteguistas, pasando por la denuncia del Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco) hasta llegar a la golpiza que recibió la joven Leonor Martínez, activista de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

La comisionada justificó la actuación policial, que ha sido criticada por diferentes sectores de la sociedad, diciendo que “los niveles de politización extrema diría yo que hay en Nicaragua y de polarización política que hace que todo se vea y se valore y se juzgue desde la óptica política, buscando cada quien jalar agua para su molino, y en medio de todo este tipo de mares de presiones y de tensiones intrínsecas al trabajo policial… ahí está la Policía Nacional queriendo ser empujada por unos y jalada por otros”.

Policía no puede solucionarlo todo

Aunque la jefa policial reconoció que los miembros de esta institución cometen errores, también dijo que no se debe juzgar a la institución por dos o tres actuaciones. Afirmó que los problemas políticos del país no los puede ni los debe resolver la Policía, coincidiendo en este sentido con Sottas, pero este último le recordó que es deber de los oficiales intervenir cuando los grupos políticos violan la ley.

Los representantes de los organismos internacionales manifestaron su preocupación por el tema de la reelección del presidente Ortega, y por la forma como se ha violentado la Constitución. Rosales se esmeró en defender al mandatario nicaragüense, dejando su investidura por la de un activista político, por lo que el secretario general de la FIDH le dijo al magistrado que había realizado una buena defensa política, pero no jurídica.

Al final de esta semana, estos organismos darán un informe final de las observaciones y recomendaciones en materia de derechos humanos en Nicaragua, pero lamentaron que algunas entrevistas no les fueron concedidas, como la solicitada al presidente Daniel Ortega.