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Sólo tres de cada diez nicaragüenses que busca mejores oportunidades laborales y de vida en Costa Rica, tienen residencia, el resto no posee su documentación y muy pocos pueden cumplir con los requisitos para legalizar su estatus, un trámite que se ha complicado más con la aprobación de la Ley de Migración y Extranjería de Costa Rica.

Según el estudio de la Red Nicaragüense de Sociedad Civil para las Migraciones, RED, que realizó una consulta del 29 de abril al 3 de mayo, el establecimiento del nuevo documento viene a poner más dificultades a los nicas que desgraciadamente tienen que salir del país por la falta de oportunidades laborales y por la baja remuneración que nuestro país ofrece.

Heydi González, coordinadora de la RED, valoró que la nueva ley 8764 de Migración y Extranjería de Costa Rica, que entró en vigencia el pasado 1 de marzo del presente año, deja ver que el carné consular no es más que otro requisito, y sólo acceden a él quienes cuentan con su documentación ciudadana nicaragüense en regla y actualizada.

“Esto hace más difícil a los nicaragüenses poder legalizar su situación migratoria, además de encarecer los trámites ya establecidos, que en Costa Rica ascienden a 373 dólares, más los trámites en Nicaragua, que cuestan el doble que hacerlos en el país, se convierten en unos 500 dólares en total”, expresa la licenciada González, agregando que las autentificaciones legales elevan enormemente los costos, convirtiéndose en grandes obstáculos para quienes con mucha dificultad en labores agrícolas y de la construcción, obtienen dinero para su alimentación, estadía, y para enviar a sus familiares en Nicaragua.

Según los datos recabados con 200 personas consultadas en Río Azul, Rincón Grande de Pavas y La Carpio, el 30 por ciento de los nicas en el país vecino del sur tienen residencia, mientras el 60 por ciento de nuestros conciudadanos nicaragüenses permanece de forma irregular, y de ellos sólo el 36 por ciento cumple con los requisitos para solicitar su documentación respectiva para permanecer legalmente en el país.

Flexibles con sectores agrícolas y construcción

Una de las prerrogativas que tienen es la prioridad para quien está casado con un o con una costarricense, que tiene hijos nacidos en ese país, o que tiene hijos con discapacidad nacidos en Costa Rica. Otra ventaja es que son priorizados quienes trabajan en los sectores agrícola y de la construcción. El resto logra pocas oportunidades para su residencia.

Martha Cranshaw, experta en el tema, indica que la ley en sí no es uno de los principales obstáculos, sino la falta de documentación de los nicaragüenses. Algo que se ha convertido en un “cuello de botella” para obtener la residencia.

Ante esto, la RED y los nicaragüenses migrantes solicitan al Estado nicaragüense reducir significativamente los pagos por documentación de identidad a sus conciudadanos en el exterior.

Que se haga efectiva la protección consular en materia de documentación, además, que se haga efectiva también la negociación de acuerdos y convenios binacionales para reducir costos y trámites en la legalización de documentos, algo que debe estudiarse en la Asamblea Nacional, tal como lo hace la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Esto requiere, además, la revisión de la Ley de Aranceles Consulares, y que los poderes del Estado den una respuesta a la demanda de nuestros compatriotas en el exterior.