Rafael Lara
  •  |
  •  |
  • END

Representantes de organizaciones de derechos humanos rechazaron las represalias que el Sistema Penitenciario de Mujeres “La Esperanza” está tomando contra las denunciantes de maltratos de los funcionarios de esa institución, lo que consideraron una forma de tortura.

Virginia Meneses, responsable del eje de acción política de la Red de Mujeres Contra la Violencia, indicó que el hecho de que una mujer sea condenada y esté privada de libertad, no significa que los funcionarios tienen la potestad de violentar sus derechos humanos.

Según una de las denunciantes que actualmente goza de libertad e hizo público los maltratos, registros sin ropa y requisas vaginales, ha conocido que quienes siguen internas y denunciaron el problema, están siendo, en alguna medida, “castigadas”, mientras ella dice haber recibido amenazas para que no siga hablando del tema.

“Estas represalias son una forma de tortura. Esto buscaremos cómo documentarlo, corroborarlo y si se confirma, lo enviaremos en un informe al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas”, dijo Meneses.

“Es vergonzoso”

“Es vergonzoso que instituciones del Estado estén violentando los derechos humanos de las mujeres. Los funcionarios de “La Esperanza” no pueden aplicar la ley como ellos quieran”, indicó la representante de la Red.

Por su parte, la abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, Wendy Flores, indicó que los maltratos aún no están totalmente confirmados, y consideran lastimoso que a las organizaciones de derechos humanos independientes no les permitan el acceso para verificar los problemas en el Sistema Penitenciario Nacional, SPN. Únicamente le permiten el ingreso a la procuradora especial de cárceles, que es parte de una entidad del Estado.

“Incluso no se están cumpliendo las recomendaciones que el Comité contra la Tortura hizo en 2009 a Nicaragua, donde se pide permitir la inspección de organizaciones independientes de derechos humanos al SPN”, dijo Flores.

Señaló que si no les permiten el acceso a los centros penitenciarios, es porque con mucha seguridad se practican situaciones irregulares en su interior.

Alegó que ese caso debería se investigado por la propia Policía en un proceso penal, ya que según la Constitución de la República, “nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

La abogada indicó que por tortura se entiende causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusador tenga bajo su custodia o control. De acuerdo al Código Penal vigente, el delito de tortura es penado con 7 a 10 años de privación de libertad.

“Es necesario que este tipo de situaciones pare y las autoridades correspondientes realicen las acciones que ameriten los casos y las sanciones respectivas a quienes hayan incurrido en abusos”, expresó Flores.