José Adán Silva
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El secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista (FSLN) y presidente del Parlamento Centroamericano, Jacinto Suárez, reiteró ayer que el proyecto de explotación minera a cielo abierto que se pretende realizar cerca de la frontera sur del país, es una agresión contra el medioambiente de Nicaragua.

Hablando a criterio personal, y no como titular del Parlacén, Suárez reiteró que la moratoria ambiental decretada por la presidenta costarricense Laura Chinchilla, no aborda a fondo el tema de la minería de las Crucitas y mantiene vigente la autorización de la explotación aurífera en un perímetro cercano al río San Juan de Nicaragua.

“Yo lo dije a título personal y sostengo que la minería en Las Crucitas es una agresión contra el medioambiente de Nicaragua”, dijo ayer Suárez.

Legado de Arias
El San Juan es rico en biodiversidad y es reserva natural de Nicaragua. Suárez dijo que el decreto de moratoria de explotación minera firmado por Laura Chinchilla, el pasado ocho de mayo, era insuficiente para garantizar a Nicaragua su protección al medioambiente.

El legislador señaló que la explotación de la minería de “Las Crucitas” contó con el patrocinio y los intereses del ex presidente Oscar Arias, “en perjuicio del patrimonio ambiental de Nicaragua y de la región centroamericana”.

“Nosotros estamos pidiendo que se respeten esos convenios firmados en el marco del proceso de la integración centroamericana, porque se trata de un tema más allá de Nicaragua, es la preservación y respeto a los convenios firmados sobre medioambiente dentro del marco de la integración regional”, dijo Suárez.

A título personal
La semana pasada el presidente del Parlacén entregó a los representantes de los no gubernamentales organismos defensores del medioambiente, Fundación del Río; Fundación Hijos del Río y otros ONG, una resolución emitida por el Foro Regional en la cual demanda a los estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana cumplir con los convenios y acuerdos internacionales y de integración en materia de conservación de la biodiversidad y protección del medio ambiente.

Dicha resolución exhorta a los presidentes de los países miembros del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana), ordenar al Consejo de Ministros de Ambiente y Recursos Naturales y los organismos técnicos especializados, a que presenten un inventario de acciones pendientes sobre el impacto ambiental, provocado por minería, y una propuesta del plan que contemple su sustitución a la mayor brevedad.

A título personal, Suárez sugirió la semana pasada en Managua al gobierno del presidente Daniel Ortega que demande a Costa Rica en la Corte Internacional de La Haya, por el daño ambiental que provocará un proyecto de minería a cielo abierto en la frontera común.

Preocupación común
Suárez dijo que hay “suficientes elementos jurídicos para demandar a Costa Rica”, por el permiso dado a la empresa canadiense Infinito para operar una mina de oro en la zona de las Crucitas.

El político nicaragüense afirmó que la concesión otorgada a la firma canadiense violenta varios acuerdos ambientales firmados por los países de Centroamérica, como la Alianza para el Desarrollo Sostenible.

Organizaciones ecologistas de Costa Rica también han protestado por el aval otorgado por los tribunales de justicia a la empresa norteamericana, que espera extraer unas 800 mil onzas de oro de la zona.

La concesión fue dada a la firma extranjera hace más de una década, pero la misma Sala Constitucional de Costa Rica había ordenado la suspensión de tala de árboles en el sector, tras acoger recursos de los opositores a la minería a cielo abierto.

La presidenta Chinchilla prometió que una de las primeras decisiones de su gobierno sería declarar una moratoria a la minería a cielo abierto, postura contraria a la del ex presidente Arias.

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