José Adán Silva
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Más de 100 funcionarios y ex funcionarios de la administración pública, se ampararon contra investigaciones y procesos judiciales impulsados por la Procuraduría General de la República en 2007, por presuntas irregularidades en los cargos públicos.

La lista con nombres, número de expedientes, cargos, fechas y explicaciones del caso, está publicada íntegramente bajo la clasificación de “Juicios Pendientes”, en la página web de la Procuraduría General de la República, institución que ejerce las labores de abogado y notario del Estado por Ley.

El listado lo encabeza Ernesto Horacio Chamorro Martínez, ex miembro de la Junta Directiva de EPN, quien según la PGR se amparó contra una resolución de responsabilidad administrativa y civil por 515 mil 450.89 córdobas y 65,851 dólares, “por aprobar dar otro uso a los recursos de la institución y aportar 20 mil córdobas en carácter de donación al show Ben Hur, montado por el ex ministro de Transporte Pedro Solórzano.

De todos los gobiernos

Es precisamente este ex funcionario, ex candidato a alcalde por el Partido Conservador, el personaje con más amparos recurridos en la lista, con un total de cinco por investigaciones de diversa naturaleza, dentro de un largo rosario de investigaciones y presunciones en su contra.

La lista de los amparados la componen funcionarios activos y ex funcionarios de los gobiernos de los ex presidentes Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, y del actual mandatario Daniel Ortega.

Hay liberales, conservadores, sandinistas y disidentes de esos partidos políticos, lo que puede indicar dos conclusiones: una es que a la hora de las responsabilidades, no hay banderas políticas, y la otra es que ya es una política de Estado recurrir de amparo cuando se trata de deslindar responsabilidades por las actuaciones al frente de un cargo público.

De la lista citada no escapan funcionarios de todo tamaño: desde secretarios y contadores, pasando por directores, rectores, líderes universitarios y concejales, hasta ministros y diputados. Y vienen de todos lados: desde las alcaldías de Terrabona y de Palacagüina, hasta las de Bluefields y Puerto Cabezas.

De todos los tamaños e instituciones

Y de diversas instituciones públicas o autónomas del país: DGI, Minsa; MTI, ENP, Inafor, Telcor, FISE, UNAN, MHCP, UNEN, INE, Mific, Superintendencia de Bancos, ENAP, INSS, Marena, Presidencia, BCN, Conicyt, Superintendencia de Servicios, Gobiernos Regionales y alcaldías locales.

Las causas de los amparos son distintas entre sí, pero todas conducen al mismo fin: evitar los juicios de la PGR.

Por ejemplo, Marvin Franklin Zamora Altamirano, en calidad de ex contador del Programa de Modernización del Minsa, se amparó para evitar “una responsabilidad penal por haberse apropiado de la cantidad de un millón 301 mil 529 córdobas”, dice la documentación oficial de la PGR, que no separa a funcionarios de instituciones menores de las consideradas mayores.

Y hay nombres conocidos y otros que causa extrañeza verlos ahí. Por ejemplo, en la lista figura el nombre de Francisco Guzmán Pasos, junto a José Emerson Pérez Sandoval y otros, amparados en su calidad de miembros del Consejo Superior de Universidades, CNU, ante una responsabilidad civil y obligación de pago de glosas por 205 mil córdobas sobre los ingresos y egresos efectuados en auditorias.

No es el único del CNU que figura en la lista: Francisco Telémaco Talavera Siles, Rumaldo Arturo Collado Maldonado y Dorling Magdalena Briones Rodríguez, identificados todos ellos por la PGR como miembros, al momento de las investigaciones, recurrieron de amparo por responsabilidad administrativa por no haber pagado la cuota del 2% al Inatec.

Y no sólo autoridades universitarias se amparan contra la PGR, sino también dirigentes universitarios. Para muestra: Jasser Enrique Martínez Montoya (hoy diputado del FSLN), junto a Ronald José Quiroz Ocampo y otros de UNEN, se ampararon contra responsabilidad administrativa por pagar seis meses de salario de indemnización, por cargo de confianza, a un funcionario contratado por tiempo determinado y no aportar la cuota del 2% al Inatec.

Líos flacos y gruesos

Algunos aparecen en líos con pequeñas cantidades de dinero, comparados con otros a los que la PGR les achaca responsabilidad por cantidades espectaculares de dinero.

Por ejemplo, Reynaldo Castellón Lúquez, vicealcalde del municipio de Terragona, se amparó contra responsabilidad administrativa y penal por la cantidad de 8,167 córdobas “por alterar recibo de tesorería No. 10914 y apropiarse del valor recaudado”.

Contrario a Castellón Lúquez y su amparo por ocho mil córdobas, figuran Ricardo Parrales, Benjamín Lanzas, Silvio Conrado, Eduardo Montealegre, Gilberto Cuadra, Mario Bernardo Alonso y otros, amparados contra resolución RIA-567-07 “mediante la cual se presume Responsabilidad Penal en contra de los recurrentes por el daño patrimonial al Estado por la suma de 111.9 millones de dólares por la compra venta y reinversión de los Cenis y 3,106,748,518.44 (más de tres mil millones de córdobas) por haber vendido por medio de subasta los activos de los bancos”.

En la lista figuran cargos medios y altos en acciones de amparo: Ana Nubia Alegría Treminio, ex Subdirectora General de Telcor, amparada contra “responsabilidad administrativa y civil y pago de glosas por la cantidad de 63 mil córdobas en concepto de bono navideño cuando fungía como director de Telcor, por tratarse de un beneficio únicamente para los trabajadores no para el Director”, dice textualmente la explicación oficial de la Procuraduría.

Hasta Delgadillo

En algunos casos los amparos son más contra acciones tontas que por hechos concretos. Por ejemplo, Víctor Manuel Guerrero, ex Superintendente de Servicios Públicos, se amparó (según la explicación de la PGR) “por haber expresado públicamente que harían una auditoria a la Sisep a pesar de que dicha auditoria ya había sido realizada, y en la que no se determinó ninguna responsabilidad al funcionario y ex funcionarios”.

Otros, como el ex titular de la DGI, Róger Guillermo Arteaga Cano, se amparó “ante responsabilidad administrativa por incumplir artículos de las normas de ejecución y control presupuestario, al autorizar pagos de vacaciones a los trabajadores, indemnizar cargos de confianza y no enterar oportunamente las retenciones de Impuestos sobre la Renta, entre otros”.

Y mientras algunos ex funcionarios se ampararon por investigaciones sobre presuntas negligencias administrativas y otros por acusaciones graves y serias (todas ellas sujetas a investigaciones, de acuerdo con la explicación oficial de la PGR en su página en internet www.pgr.gob.ni), otros se cubrieron con la generosa ley para evitar momentáneamente investigaciones sobre actos más de orden estético que administrativo.

Por ejemplo, Néstor Delgadillo, ex Director del INEC, se amparó en 2007 contra resolución “RIA-191-07, responsabilidad penal y administrativa por el daño ocasionado al INEC, por la cantidad de C$ 1,439,565.79 que corresponde a la utilización de fondos para otros fines distintos”.

Líos de tierras y alcaldías
Cabe recordar que los “otros fines distintos” citados en este caso fueron, entre otras cosas, trabajos dentales, operaciones de rostros y viáticos a restaurantes caros. Pero no es el ex director del INEC uno de los más polémicos, ya que en la lista aparecen amparados también el ex alcalde de Granada, Álvaro Chamorro Mora, destituido luego del cargo por los concejales del FSLN, su propio partido.

Y a la par de nombres conocidos en la lista de los amparados, figuran algunos que desde hace años desaparecieron de la palestra pública, como el de Martha McCoy, ex Secretaria de Comunicación de la Presidencia durante la gestión del ex presidente Arnoldo Alemán, quien según la citada nómina, se amparó en 2007 en calidad de ex miembro del Consejo Directivo del INSS, contra resolución 395-07 que confirma el pliego de glosas solidaria por 57,877 córdobas”.

La lista la cierran un grupo de personas con nombres poco conocidos, pero involucrados en un caso famoso en los últimos dos años: Rita Mercedes Medina Pérez, César Augusto Lumby Córdoba, José Dolores Ruiz Gazo, y Manuel Antonio Baltodano Rosales. Todos ellos concejales del municipio de Tola.

Se ampararon contra una resolución referente al Informe de Auditoría especial código No. ARP-13-058-07, con base en una revisión practicada por la Alcaldía del municipio de Tola, en relación con el arrendamiento de terrenos costeros efectuado en 2005 y 2006. Cabe en su contra presunción de responsabilidad penal y responsabilidad administrativa.