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Organismos de defensa de los derechos humanos en Nicaragua, señalan que las denuncias por violaciones a las libertades y derechos de los nicaragüenses se incrementaron durante 2007, lo cual consideran grave precedente, a tal medida que en la Procuraduría en defensa de los Derechos Humanos (PDDH) aseguran no dar abasto ante la cantidad de casos.

Bayardo Izabá, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), comenta que el año pasado en su organización se registraron 6 mil 24 casos atendidos, lo que representa un incremento de 498 más, al compararlo con los 5 mil 526 casos de 2006.

Del total de casos, el 59.4 por ciento fueron denuncias, y se constató violación a los derechos humanos en el 67 por ciento de éstas. La violencia intrafamiliar, los despidos en el Estado y las denuncias contra la Policía Nacional es lo que más se destaca.

Tendencia se rompió
“La tendencia ha crecido. En los últimos años, había un promedio de incremento que el año pasado se rompió”, dijo Izabá, indicando que los incrementos eran de 120 a unos 180 casos (del 1.9 al 2.9 por ciento), pero en 2007 se elevó a casi 500 (8.26 por ciento).

En casos individuales, la mayor cantidad de denuncias fueron por violencia intrafamiliar, pero por el carácter masivo de los despidos hay más personas cuyos derechos humanos son violentados en los casos laborales.

Analizó que uno de los elementos que incrementó la cantidad de despidos en las instituciones estatales fue la toma de posesión del nuevo gobierno, situación que se podría denominar “normal”, al entrar nuevos directores de entes estatales.

Sin embargo, en comparación con los últimos gobiernos que se centraron en la reducción del Ejército, ahora el problema se muestra en entidades civiles, con 54 casos que trascendieron más allá de la denuncia y se convirtieron en conflictos colectivos.

Esto se agudizó en la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, en el Instituto de Desarrollo Rural, en los ministerios de Salud y de Educación, y con el cierre de la Casa Presidencial, entre otras situaciones que dejaron en el desempleo a más de 5 mil personas. Aparte están los continuos despidos en las empresas de zona franca industrial, que sostuvieron un comportamiento similar a otros años.

PDDH no da abasto
El incremento también fue sentido por la PDDH, instancia cuya misión se limita a tutelar los derechos ciudadanos ante las instituciones gubernamentales de conformidad con la Ley 212. Jeanne Palacios Bragg, coordinadora de la sección de denuncias, indicó que registraron un 30 por ciento en el incremento de casos, pasando de 1 mil 535 atenciones en 2006 a 1 mil 827 en 2007.

“Al ritmo que vamos, en este mes se marca una tendencia que las cifras se superarán en 2008, pues sólo en enero se han atendido 180 casos. Sin embargo, por los pocos fondos destinados a la PDDH el personal más bien se ha reducido y no damos abasto”, comentó.

Según la abogada, el 80 por ciento de los casos atendidos aún no habían agotado las instancias administrativas y judiciales, por lo cual además de darles acompañamiento se realizó una labor de educación y promoción de sus derechos, pues muchos desconocen adónde ir y los procedimientos adecuados.

Los casos marcados con la intervención de la PDDH, están: denuncias contra la Policía Nacional, despidos, retardación de justicia en el Poder Judicial, negligencias médicas, el Instituto de Medicina Legal, casos de propiedad, o por otras anomalías en el tratamiento de las personas en las instituciones.

Consideramos que no necesariamente es que ocurran más situaciones violatorias a los derechos de las personas, sino que hay mayor confianza en la institución y su labor.

Gobierno bajo la lupa
Por su parte Marcos Carmona, Director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, analiza que en comparación con 2006, en 2007 se incrementaron las violaciones a los derechos humanos en un 14 por ciento, marcando al gobierno como uno de los principales responsables.

“La lucha política por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo ha afectado fuertemente la imagen del país. Sobre esto está la imposición de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) y posteriormente, con el mandatario, quien dejó a su cónyuge como coordinadora del Consejo de Participación y Comunicación, lo que es violatorio al artículo constitucional 130. Además, está la utilización partidaria de sus miembros sandinistas en la Corte Suprema de Justicia”, expresó Carmona.

Entre otras críticas, señala la falta de respeto a los derechos laborales y la persecución de los sindicatos que no son de filiación sandinista, la utilización de la publicidad estatal como una forma de presionar a los medios de comunicación independientes, también las presiones a las organizaciones de sociedad civil que los critican, agresiones tanto verbales como física contra periodistas, y las ordenes de secretismo de la mayoría de los ministerios ante temas sensibles.

“En nuestro caso, a pesar de ser una instancia de derechos humanos nos impiden la entrada a los centros del Sistema Penitenciario Nacional para verificar las condiciones en que los internos viven, con lo cual bloquean nuestra labor. Por otra parte, hemos sido blanco de amenazas anónimas debido a algunos casos que hemos llevado, y hay agresiones a nuestros promotores por parte de los CPC”, asegura del director de la CPDH.

La ola de alzas
Asimismo, señaló que el gobierno ha sido incapaz de implementar acciones efectivas que detengan el alza o estabilicen los precios en los alimentos, en los artículos de consumo básico, en los medicamentos y en los servicios básicos, violentando los derechos económicos de la población, con un incremento de la inflación calculado en un 16.8 por ciento en 2007, según cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua.

Carmona considera que los dirigentes del gobierno deben reconsiderar su actuar, pues sus actuaciones hasta el momento están llevando el país a la ruina.