Eloisa Ibarra
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El nuevo modelo de Gestión de Despachos Judiciales implementado en los juzgados de Managua aún no logra asentarse, y, por el contrario, se debate entre las críticas de abogados litigantes y usuarios, los continuos ajustes al sistema de parte de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la resistencia de trabajadores para adaptarse al cambio.

El nuevo modelo concentra la actividad jurídico-administrativa y facilita que los jueces se dediquen únicamente a la función de impartir justicia, sin tener contacto con las partes, y no realicen actividades administrativas.

Las Oficinas de Apoyo Procesal son las encargadas de tramitar los juicios, y están distribuidas de acuerdo con cada especialidad judicial. Están integradas por un “pool” o equipo de secretarias y secretarios de actuaciones, cuya única función es realizar los trámites de cada juicio en particular de acuerdo con formatos semiautomáticos preestablecidos. Ya no tienen ningún control personal exclusivo sobre los archivos y expedientes.

La Oficina de Archivo de Asuntos en Trámite es donde se depositan diariamente todos los expedientes que el judicial está trabajando. Es decir que durante el día estarán en el despacho del juez, pero por la noche “duermen en el archivo”.

Los litigantes capitalinos integrados en el comité operativo de seguimiento al nuevo modelo de gestión de despachos judiciales preparan un documento en que plasmarán las recomendaciones que, a su juicio, disminuirán o harán desaparecer los atascos que el sistema presenta actualmente.

“Violenta CPP”

En diciembre pasado, 30 abogados litigantes recurrieron de amparo en contra del modelo de Gestión de Despachos Judiciales, por considerar que violenta el derecho al trabajo y los procedimientos establecidos en el Código Procesal Civil.

Miembros del comité operativo presidido por el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez, y la coordinadora del programa CSJ/BID, Celia Villanueva, recorrieron esta semana la “ruta de la justicia”, con cuatro representantes de los abogados encabezados por la abogada Mariana Gómez Morales.

Según los abogados, el objetivo de recorrer paso a paso dicha ruta (oficinas y judicaturas que tramitan los juicios) es detectar dónde se originan los obstáculos que afectan la implementación del nuevo modelo.

“¿A qué hora entrás a trabajar? ¿A qué hora salís? ¿Cuántos casos ingresan a tu oficina? ¿Cuántos laboran aquí? ¿Dónde trabajabas antes? ¿Por qué se retrasan en entregar las sentencias?”, fueron algunas de las interrogantes que Gómez Morales formuló a los distintos coordinadores de oficina.

Algunos litigantes consideran que el nuevo sistema de tramitar los juicios violenta su derecho al trabajo, el procedimiento judicial y el derecho de los usuarios de acceder a la justicia.

Primer “pegón”

“Falta personal en Mensajería Interna y que ordenen la jornada laboral del personal; se redujo el número de secretarios en los juzgados civiles; en general, tardan hasta 30 días para entregar una sentencia, y así no podemos preparar los escritos de apelación en el plazo de ley”, explicó Gómez Morales.

El equipo de abogados considera que los trabajadores judiciales no cuentan con las condiciones necesarias para laborar. “Si entran a las ocho de la mañana y se quedan hasta las siete de la noche, sin comida, sin transporte, corriendo peligro de que los asalten al salir, ¿con qué ánimo van a trabajar? Al final, ¿quiénes son los perjudicados?”, se preguntó.

“En Nicaragua, antes del parto, las embarazadas dicen: “Que sea feo, pero que respire”, igual decimos los abogados: que el modelo tenga defectos, pero que respire, ya que lo que percibimos es desmotivación del personal. No quiero ser negativa, pero no estamos para sentarnos a esperar que nos resuelvan el problema de retardación de justicia”, precisó.

La doctora Celia Villanueva manifestó a los abogados su satisfacción por los aportes al proyecto. “Para los magistrados es importante interactuar con los litigantes, que son pieza fundamental en la operatividad de los despachos; estamos en proceso de ajuste, vemos cómo vamos mejorando, su participación en los comités ha ayudado a identificar algunos incidencias”, agregó.

En relación con la falta de personal, Villanueva explicó que lo que se hizo fue una redistribución, porque no convenía la disparidad que había en los despachos de la misma materia antes del 19 de noviembre, ya que unos tenían ocho secretarios, otros cinco y otros menos. “Estandarizamos un pool en función de seis juzgados civiles de distrito, pero eso es ajustable”, indicó.

Villanueva aseguró que los magistrados de la CSJ están abiertos a las sugerencias de los litigantes y a revisar en Corte Plena si se está violentando la norma procesal. “Creemos que no hay tal, pero la Corte espera el compendio de incidencias que procedimental, jurídica o técnicamente el modelo podría estar rozando”, señaló.
Sin entrevista con jueces
Al igual que en el caso de los abogados litigantes, los defensores públicos plantearon el “perjuicio” que según ellos les causa el que no puedan entrevistarse en privado con los jueces.

El nuevo modelo de gestión judicial no permite a los jueces brindar audiencias personales a las partes o sus abogados, para que al momento de dictar sus fallos se ciñan nada más al cuerpo de la ley. El contacto directo con los judiciales se realiza sólo durante los juicios y audiencias orales y públicos.

Villanueva acordó en este punto que los supervisores del colectivo de defensores pueden solicitar por escrito al juez o jueza la celebración de una reunión, para lo cual deben determinar el asunto que van a tratar y qué expedientes desean examinar”, explicó Villanueva.

La funcionaria reconoció que aún existe un “nudo” en la Oficina de Archivo en Trámite, donde la accesibilidad al expediente muchas veces atrasa el trabajo de los defensores. El mejoramiento del cableado que conecta a todos los jueces bajo el sistema informático “Nicarao”, permitirá agilizar la transmisión de información y con ello la evacuación de proveídos por parte de la autoridad judicial.

Luego de concluir una reunión con la doctora María de los Ángeles Mendoza, titular de la Defensoría Pública, Villanueva informó que las dificultades derivaron de la falta de comunicación y coordinación que inicialmente se produjo.

Entre los problemas se señaló que, en algunos juzgados locales de lo civil, los defensores públicos estaban siendo impedidos de asistir a sus representados. Asimismo, se les impedía consultar los expedientes en la Oficina de Autoconsulta y realizar otros trámites propios de su labor.

Villanueva aseguró que a lo inmediato se orientó a todos los secretarios permitir la presencia de los defensores públicos junto a sus representados en los despachos judiciales. Además, se asignaron dos códigos de acceso en la Oficina de Autoconsulta para que los defensores públicos puedan revisar sus expedientes mediante el sistema informático.

Villanueva destacó que las quejas por el desempeño de la Oficina de Mensajería Interna han disminuido considerablemente, por cuanto los escritos que las partes presentan en Ordice ya están llegando con fluidez a su destino final, es decir, a los expedientes.

Los miembros del comité operativo acordaron resolver la evacuación de una gran cantidad de escritos que los jueces civiles conservan en su poder --cosa que no está permitido--, y no han sido ingresados a los expedientes por diversas razones.

El juez Tercero Civil de Distrito, Ángel Napoleón Sánchez, explicó que esos escritos se acumularon en los despachos en el período en que se hizo el inventario de expedientes. Al respecto, el comité orientó contabilizar, clasificar e ingresar dichos escritos en jornadas de trabajo después de las cuatro de la tarde.
Sin personal para colocar carteles

La juez Segundo Civil de Distrito, Patricia Brenes Álvarez, considera que aún hay muchos problemas por resolver. Tal es el caso de la ausencia de personal encargado de colocar los carteles en lugares públicos en caso de subastas, tal como manda la ley.

“Antes, ese trabajo lo hacían los secretarios, porque la ley manda a consignar en el expediente en qué lugares se instalaron dichos carteles, pero ahora nos encontramos conque los oficiales notificadores no realizan esa función”, declaró la judicial.

En este sentido, “cuando haya subasta programada por el judicial se acondicionará una sala a la que el usuario pasará directamente; el escrito de adjudicación de subastas se recibirá en la misma sala, y las oficinas de Gestión de Audiencias, Atención al Público y Seguridad Interna serán debidamente informadas para que orienten a los usuarios y éstos no anden perdidos”, informó la coordinadora de las oficinas de Apoyo Procesal, doctora Haydée Morales de Franco.

El comité decidió estandarizar la cifra de citaciones para jurados en un número no mayor de 120 personas, ya que hay jueces que llaman hasta 200 ciudadanos por juicio, y la Oficina de Notificaciones no tiene capacidad de entregar tal cantidad de cédulas a sus destinatarios.

Asimismo, decidieron orientar a los judiciales que no llamen a integrar jurado a personas nacidas en la década de los años 20 y 30, porque su edad ya no les permite asumir la función de jurados.

Esta semana el comité operativo de seguimiento orientó nuevas líneas de trabajo para ir ajustando el procedimiento de tramitación de los juicios, pero dedicó especial atención a los casos de algunos trabajadores que presentan falta de disposición al trabajo.

“Este comité también es para revisar el rendimiento del personal; vamos a impartir talleres para los coordinadores de área, pero, además, aplicaremos medidas drásticas”, manifestó la magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, delegada por la CSJ para la implementación del proyecto.

“Terminarán con el clientelismo”

Las actuaciones incorrectas de algunos secretarios y secretarias de la Oficina de Recepción y Distribución de Causas (Ordice) y de los juzgados civiles, ya han merecido llamados de atención verbales y escritos.

La magistrada Alba Luz Ramos orientó a la Dirección de Recursos Humanos de la Corte Suprema impartir talleres de inducción y liderazgo a los coordinadores de las diferentes oficinas, a fin de apoyarlos, ya que no todos tienen una vasta experiencia en el manejo de personal.

Sin embargo, subrayó que en los casos en que el trabajador manifieste negligencia o falta de disposición al trabajo se adoptarán medidas acordes con la dimensión del problema.

Inicialmente, un grupo de jueces planteó que la lentitud y/o continua comisión de errores en el trabajo de los secretarios, con la consecuente retardación de justicia, podría estar relacionada con el hecho de que no tenían experiencia en la materia de los juzgados en que fueron reubicados.

Sin embargo, esa creencia desapareció cuando el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez, leyó un reporte que refleja que sólo unos siete secretarios de casi cien ubicados en los “pules” no tienen mucha experiencia en las áreas en las que están laborando.

“Vamos a esperar, tal vez cambian (de actitud) a medida que pasa el tiempo, el caso de Ordice es claro, esa oficina es una de las más antiguas, sin embargo, ahora está presentando problemas, ¿por qué?”, se preguntó la doctora Alba Luz Ramos Vanegas.

Rodríguez ha reconocido públicamente que con la implementación del nuevo modelo, “van a afectar varios bolsillos” y “ya no va a ser necesario contribuir con la economía familiar de alguien para que un expediente se mueva”, en clara alusión a lo que hasta hace poco ocurría en los juzgados civiles.

“Vamos a terminar con el clientelismo en los despachos judiciales, es decir, que el expediente se mueva discrecionalmente, según lo que el secretario ese día haga o no haga”, ha dicho Rodríguez, ante las continuas quejas de los usuarios.

Ramos reconoció que la falta de recursos influye en el rendimiento de los trabajadores, y anotó que antes “los abogados iban a poner quejas (de los secretarios a la Corte), pero ahora que están incorporados al comité operativo cambian de actitud porque ven la problemática real que hay”.