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El representante de la Federación Democrática de Trabajadores del Sector Público, acompañado por la Comisión Permanente de Derechos Humanos y trabajadores de cuatro instituciones gubernamentales, interpusieron denuncia en el Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, contra representantes del Ministerio Público, por los delitos de abuso de autoridad y funciones, incumplimiento de deberes propios de su cargo y omisión de deberes en la persecución de delitos. Álvaro Leiva, Secretario General de la Federación Democrática de Trabajadores del Sector Público, indicó que la acusación es realizada por al menos 11 trabajadores de la Dirección General de Ingresos, el Ministerio de Transporte, Aeronáutica Civil y el Ministerio del Trabajo.

“Comparecimos en TAM, Sala Penal circunscripción Managua, con formal acusación contra Luden Alberto Montenegro Barrera, Fiscal Director Específico del área operativa de Managua; contra Armando Juárez López, Inspector General del Ministerio Público; y el doctor Julio Centeno Gómez, Fiscal General de República. Esto por la comisión de delito de abuso de autoridad o funciones, incumplimiento de deberes propios de su cargo, omisión del deberes de perseguir delitos, todos tipificados en Código Procesal Penal”, expresó el denunciante.

Argumenta que dichos funcionarios han guardado silencio y entorpecido las denuncias interpuestas por los trabajadores estatales mencionados, quienes señalan a los titulares de sus instituciones por los delitos de discriminación, represalia y violación a sus derechos constitucionales.

Leiva señala que estos funcionarios del Ministerio Público, después de 18 meses, no han dado información sobre las denuncias interpuestas, por lo que consideran que el silencio de sus actuaciones es negligente ante su deber en la persecución del delito. “Los denunciantes estamos convencidos de que ningún funcionario está por encima de la ley, basado en el artículo 79 de la Ley 586 de Carrera del Ministerio Público, en su Ley Orgánica, y basado en el Código Procesal Penal, por lo que estos funcionarios tienen que responder ante la sala penal del TAM”.

Capacidad en otros “menesteres”

Ante los argumentos vertidos en medios de comunicación por parte de representantes del Ministerio Público sobre limitantes presupuestarias y falta de personal, Leiva dijo que esto lo ven fuera de contexto, ya que el Ministerio Público ha demostrado capacidad para girar resoluciones y dictámenes en menos de 48 horas cuando los casos son políticos, pero en casos laborales, entre otros, se pasan los términos de ley y la parte afectada pasa hasta más de un año en espera que se mueva su caso.

“No es posible que la institución alegue falta de funcionarios y de presupuesto, cuando --esa institución es beligerante-- al ser utilizada como instrumento de intereses de los partidos políticos para manipular la justicia. Eso no es justificación”, expresa Leiva, quien considera que los procesos no tienen curso porque son en contra de los funcionarios fieles del gobierno orteguista.

Referente a la acusación interpuesta en su contra, el fiscal general, Julio Centeno, expresó que “Carmona con sus actitudes me deja claro que es un hombre con total desconocimiento del derecho, porque aconsejó a estas víctimas a acusarme ante un tribunal que no es el competente. A él lo que le importa es el show y el “figureo”, no las víctimas”.

El fiscal, además, aseguró que las pláticas para que funcionarios públicos paguen lo que corresponde a los trabajadores estaban por buen camino, porque saben que si se van por la vía judicial es esperar eternamente, por eso la Fiscalía prefiere dejar por último esa posibilidad. “Pero si eso es lo que quieren, eso tendrán. Ahí que se entiendan con el sistema judicial”, fue la respuesta del titular del Ministerio Público.