Luis Galeano
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Los Recursos de Amparo en contra de resoluciones de la Contraloría General de la República (CGR) y que mantienen congeladas posibles acciones penales y civiles de parte de la Procuraduría General de la República, han congelado el pago de glosas de casi 5 mil millones de córdobas y más de 150 millones de dólares, que juntos suman 8 mil millones de córdobas, de acuerdo con información brindada por el ente fiscalizador.

El contralor Lino Hernández Trigueros informó ayer que desde 2000 a enero de 2008, más de 400 funcionarios y ex funcionarios han interpuesto un total de 1,479 Recursos de Amparo en contra de resoluciones emitidas por el Consejo de colegiados.

Sólo en 2007, más de 100 funcionarios y ex funcionarios de la administración pública se ampararon contra investigaciones y procesos judiciales impulsados por la Procuraduría General de la República, sobre la base de resoluciones de la CGR, por presuntas irregularidades en los cargos públicos.

En términos monetarios, todos los amparos, hasta febrero del año pasado sumaban 1,500 millones de córdobas y 40 millones de dólares. Sin embargo, la CGR emitió el año pasado la resolución del caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), estableciendo presunción penal en contra de todos los ex directivos del Banco Central de Nicaragua (BCN).

La auditoría de este caso reveló un daño patrimonial al Estado por la suma de 3 mil millones 106 mil 748 córdobas por la subasta, y 111 millones 920 mil 289 dólares por la “reingeniería financiera” que encabezó Eduardo Montealegre. Por esta resolución recurrieron de amparo Benjamín Lanzas, Gilberto Cuadra y Ricardo Parrales.

Amparos tomados como “inmunidad temporal”

Para el contralor Hernández, los amparos se han convertido en una especie de “inmunidad temporal” que favorece a los recurrentes. Reconoce que el amparo es una garantía que tienen los auditados para que se respeten sus derechos, pero estima que muchos lo ven o lo utilizan como una especie de muralla protectora.

“Todo el mundo tiene derecho a recurrir y así lo dice la Constitución, algunos lo hacen porque dicen que no confían en el sistema de justicia ya que está politizado, pero entran en contradicción cuando recurren a ese mismo sistema para ampararse, es decir, para una cosa es malo y para otra es bueno”, critica el contralor.

“Eso es como la inmunidad, que algunos dicen que no se despojan de ella porque el sistema no es creíble, y así lo hacen con los amparos aunque esto es temporal”, agregó.

Hernández señaló que en meses anteriores enviaron una carta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solicitando evacuar varios amparos que tienen años de estar esperando resolución, y que significan un impedimento para que el sistema de justicia proceda a hacer cobros de dinero que pertenece al Estado.

“No les pedimos que se pronuncien a favor de nuestras resoluciones, simplemente, que fallen, esa es nuestra petición”, dijo Hernández

Caso emblemático

Uno de los casos más emblemáticos es una responsabilidad civil de hasta 110 millones de córdobas contra el ex ministro de Finanzas del gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, Emilio Pereira, por el caso de la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones (OCI) confirmada por la CGR en 2001.

“Lo doloroso es que mientras no haya un pronunciamiento de la CSJ, ese dinero de todas esas glosas no se puede cobrar, y da la impresión de que todo el trabajo de las auditorías que hacemos queda en nada, y se trata de recursos del Estado empleados en esos trabajos, son horas hombre trabajando, son caras, y no es correcto que ocurra algo así”, dijo el colegiado.

Entre las opciones posibles y viables, está la aprobación del proyecto de la nueva Ley Orgánica de la Contraloría que se encuentra en la Asamblea Nacional, que define mejores mecanismos para evitar que se dé retardación de justicia, entre ellos que la presunción de responsabilidad penal de la CGR sea suficiente para entablar juicios contra los involucrados.