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La alcaldesa impuesta en Ciudad Sandino, Cecilia Brígida Altamirano Mendoza, tras la destitución el lunes del alcalde Roberto Somoza y de su vicealcaldesa, Juana Cuarezma, reconoció que no existe ninguna auditoría ni acusación contra los defenestrados, y no brindó mayores detalles al respecto.

Para la destitución no se siguió el proceso que establece la Ley de Municipios (Ley 40) y su reglamento (Decreto 52-97) para los alcaldes y concejales, pero Altamirano dio por cerrado el caso.

La destitución de ambos funcionarios edilicios se produjo en una sesión relámpago en la que participaron cinco concejales sandinistas y dos liberales.

“Para nada me han citado”, afirmó el ex alcalde, en referencia a su destitución, la cual calificó de ilegal, porque no hay ninguna causal para ello.

“Todo fue a mis espaldas, fue una confabulación hecha en contra de los principios democráticos de este gobierno municipal. En mi administración no ha habido ninguna auditoría de la Contraloría, sólo una de la administración anterior, el período 2006-2008”, explicó el alcalde destituido.

Mientras, varias decenas de personas marcharon ayer por algunas calles de Ciudad Sandino, en protesta por la destitución de Somoza, quien fuera señalado de no acatar las directrices del orteguismo.

No obstante, sus detractores le señalan una serie de actos de corrupción e irregularidades en el manejo de los recursos de la municipalidad. El año pasado, EL NUEVO DIARIO sacó a luz pública investigaciones periodísticas en las que denunciaba estas irregularidades.

Condenan sin escuchar al señalado

Por su parte, la nueva alcaldesa, Cecilia Altamirano Mendoza, reconoció que no han encontrado malos manejos, pero que será la Contraloría General de la República la que se encargará de investigar.

Agregó que la decisión para destituir al alcalde y a la vicealcaldesa la tomó el Concejo de Ciudad Sandino, “el cual es soberano y puede autoconvocarse”.

No obstante, la Ley de Municipios y su Reglamento establecen que, efectivamente, se puede convocar a una sesión del Concejo cuando hay irregularidades, pero para ello hay que seguir un procedimiento.

“Caso que el alcalde, vicealcalde o concejal, sin incurrir en delito, incumpla con las obligaciones que le impone nuestro ordenamiento jurídico, pero que amerite una sanción que tenga o no relación con las causales que inhabilitan para el ejercicio del cargo, los demás miembros del Concejo citarán a sesión extraordinaria para conocer del incumplimiento y oír al señalado como responsable”, dice el artículo 78 del reglamento.

Más adelante, el artículo 79 señala que “si el Concejo hallare irregularidades, se impondrá al responsable la sanción que considere adecuada a la anomalía cometida, y si ésta fuere de gravedad, se podrá acordar hasta la pérdida de su condición, en los términos que consigna el artículo 24 de la ley”, que establece las condiciones para perder la condición de alcalde.

Y según el artículo 24, el concejal pierde su condición de tal por renuncia, fallecimiento, extinción de mandato, cuando sea condenado por sentencia firme a pena de privación de libertad, y por falta definitiva.

Ni la nueva alcaldesa ni su vicealcalde lograron dar una razón sobre el porqué se destituyó a la vicealcaldesa Juana Cuarezma, a quien no se le hizo ningún señalamiento.

Su único delito fue no haber aceptado el cargo de alcaldesa, y expresar su desacuerdo con la decisión del partido sandinista de destituir a Somoza.

“Había una decisión de destituirme porque me negué. Considero al compañero (Somoza) una personas digna que no tiene ninguna falta a la Ley 40, y me sumo al pueblo que está triste por la humillación que le hicieron”, afirmó Cuarezma.

Sale a relucir Zoilamérica

Militantes del FSLN que apoyan a Somoza, rechazaron la decisión de su partido y detallaron que sostuvieron varias reuniones con dirigentes departamentales de ese partido, quienes les hacían llamados a la unidad.

Uno de estos delegados fue Zoilamérica Narváez, hija de la primera dama Rosario Murillo, quien hizo el papel de intermediaria en el conflicto, aseguró Carlos Ortega, integrante del movimiento Comisión 30 Aniversario (C-30).

“Nosotros nos reunimos con Zoilamérica como cuatro veces. Nos daba charlas sobre cómo proceder, que nos calmáramos, que fuéramos consecuentes, que no fuéramos violentos, que ella nos iba a ayudar. Estuvo con ellos y con nosotros evaluando quién tenía la razón. Pasó su informe, y en una reunión nos dijeron que ya Zoilamérica no pertenecía a nada, que la habían quitado”, afirmó Ortega.

Augusto Ortiz, también miembro del C-30, detalló los encuentros en la Secretaría del Frente Sandinista, en la que les insistieron no dar declaraciones a los medios, ya que “Daniel Ortega iba a declarar quiénes eran los corruptos en Ciudad Sandino. Era él quien iba a quitar y a poner, y eso lo estamos viendo, porque Roberto (Somoza) nunca estuvo de acuerdo con la cúpula del Frente, que representa Juan Carlos Balmaceda” (secretario político del FSLN en Ciudad Sandino).

Tanto el ex alcalde como la ex vicealcaldesa de Ciudad Sandino aseguraron que recurrirán de amparo contra la resolución del Concejo.