José Luis González
  •   LEÓN  |
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Una cantidad aun no determinada de efectivos policiales resguardan desde este lunes en horas de la noche las instalaciones del Juzgado Único de Distrito de El Jicaral, así como de la delegación de Policía, y sus alrededores, después de que un grupo de campesinos de la comunidad Las Mojarras, enardecidos por un problema de propiedad, lanzaron pedradas a ambos edificios e intentaron destruir los inmuebles públicos.

Los campesinos reclamaban el derecho de posesión de la finca Santa Rita, propiedad que fue confiscada en los años 80 al empresario Ricardo Argüello Pravia, y posteriormente fue adjudicada por el Estado a la “Juan Corea Magna”, cooperativa que aglutinaba a 48 familias compuestas por ex miembros de la Resistencia Nicaragüense.

La propiedad en litigio fue vendida en 500 mil córdobas a finales de 1998 por Antonio Carrero Ramírez, presidente de dicha cooperativa, al señor André Morales.

Los hechos violentos acontecidos el sábado y el lunes recién pasados, obedecen a que los campesinos exigen a las autoridades municipales, policiales y judiciales, la libertad inmediata del líder comarcal Concepción Guardado Mayorga, de 63 años, y la devolución de la propiedad, después que el juez Miguel Ángel Vílchez resolvió que Santa Rita pertenece a Morales.

Pero para prever mayores alteraciones al orden público, el comisionado Alejandro Ruiz, segundo jefe de la Policía en León, afirmó que han resguardado las instalaciones del juzgado en El Jicaral.

“La situación en El Jicaral es estable, pero vamos a mantener las fuerzas policiales en alerta para estar preparados, tenemos los suficientes hombres para resguardar los locales, estamos remitiendo a algunos policías a la zona, que van a reforzar a las fuerzas que son propias del lugar”, dijo el jefe policial, tras agregar que han agotado las vías de persuasión para que los campesinos desistan de sus actos violentos y utilicen otras vías para resolver sus problemas de propiedad con las instancias pertinentes.

El funcionario de la institución de seguridad pública señaló que las pérdidas económicas en la delegación policial no fueron cuantiosas, pero los hechos violentos son repudiables.

“Estamos investigando los daños y haciendo los levantamientos investigativos para encontrar a los responsables, aún no tenemos a ninguna persona detenida”, aseveró.

Por su parte, Paulo Ventura, Delegado de la Procuraduría General de la República, afirmó que cuando la finca Santa Rita fue asignada a la cooperativa, la propiedad dejó de ser del Estado y pasó a ser un bien privado, sin embargo, a través de la Comisión de la Propiedad conformada por la Policía, Gobernación, Catastro, Intendencia de la Propiedad y la Procuraduría, se trata de resolver conflictos y evitar situaciones lamentables como las ocurridas en El Jicaral.