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La Policía Nacional envió un requerimiento a la ministra de Salud, Sonia Castro, en el que le consultan si esa institución tiene registro sobre clínicas y médicos autorizados para realizar fecundaciones in Vitro, informaron fuentes policiales.

La información fue solicitada por las autoridades policiales luego de descubrir el caso de vientre de alquiler, por el que supuestamente fue estafado el colombiano Johnny Alexander Henao.

Entre la información pedida al Minsa también se menciona si existe un protocolo emitido por esa institución sobre procesos de FIV. Además, solicitaron a las autoridades sanitarias que brinde, si es que existe, una lista de médicos para realizarlas.

Dicha fecundación es un procedimiento que se realiza fuera del cuerpo de la madre para permitir que un óvulo sea fecundado por los espermatozoides en un medio líquido.

Luego, el ovocito fecundado (el cigoto) se transfiere al útero de la mujer, con la intención de iniciar un embarazo.

No hay regulación

La subrogación maternal o “vientres de alquiler” están regulados en algunos países. La fertilización in vitro, FIV, a nivel centroamericano sólo está reglamentada en Costa Rica, pero en nuestro país ninguna de las dos actividades están restringidas ni civil ni penalmente, según las autoridades competentes.

Ante el reciente caso del colombiano Alexander Henao, quien señala de estafa al médico nicaragüense Vernon Halleslevens, por el engaño sufrido en la realización de una FIV y la utilización de un vientre de alquiler, la fiscal Odette Leytón, Directora de Unidad de Género del Ministerio Público, dijo que no existen regulaciones para este tipo de prácticas.

El doctor Oscar Flores, presidente de la sociedad gineco-obstetra, consultado por EL NUEVO DIARIO, comentó que no conoce de ningún control que el Ministerio de Salud, Minsa, aplique en las actividades de la fecundación asistida.

“En lo absoluto. Yo nunca he practicado este tipo de metodología, sin embargo, sé que en la Ley General de Salud no existe ninguna regulación para esta actividad por parte de las autoridades competentes. Esta metodología se practica con nueva tecnología y lo realizan especialistas, aplicado en parejas con problemas de fertilidad, para que la mujer tenga un embarazo”, expresó.

El peligro del interés mercantil

María Jesús Gómez, secretaria ejecutiva de las organizaciones que trabajan con la niñez y la adolescencia, Codeni, comentó que los avances tecnológicos en la medicina deben responder a necesidades de las personas, como el caso de mujeres con dificultades para poder procrear un hijo, pero se debe analizar hasta qué punto este tipo de avances juega roles meramente mercantilistas, algunos provistos de otros intereses.

“La preocupación estriba en cómo el Estado debe regular eso. Nicaragua, como un país vulnerable, por razones económicas, con tanta pobreza, niveles bajos de educación, gran migración y vacíos en las leyes, urgiría que las autoridades tengan un protocolo de cómo manejar este tipo de casos, sobre todo por las corrientes de extranjeros que ingresan en el país y lo que significa que realicen este tipo de procedimientos para sustraer a un bebé nacido en Nicaragua”, señaló.

Añadió que por la gran vulnerabilidad se pueden crear condiciones para la trata de personas, la venta de niños y niñas, por lo cual, se requiere de medidas específicas de protección, incluso falta el tráfico de órganos.

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