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La Policía Nacional y el Ministerio Público se mostraron preocupados debido a que el año pasado se registraron 601 muertes por accidentes de tránsito, en las cuales apenas hubo tres personas condenadas que enfrentaron procesos judiciales, por lo que ambas autoridades desarrollaron el primer “Curso de Investigación de Delitos de Tránsito en el Proceso Penal”, para mejorar las coordinaciones de los oficiales y fiscales en materia de incidentes de tránsito.

El comisionado general Horacio Rocha, Subdirector de la Policía, dijo que del total de muertes 150 son motorizados, lo que representa un 25%. “Esto también nos obliga, y creo que debemos tener la capacitación a todo el país, priorizando los departamentos donde tenemos más muertos con accidentes de tránsito después de Managua, que obtuvo el 33% de los muertos y el 62% del total de accidentes del país”, señaló.

El jefe policial expresó que entre mayor capacitación obtengan los oficiales y fiscales, éstos podrán ejercer una mejor acción penal, y que las autoridades deben procurar que las víctimas de accidentes de tránsito sean indemnizadas.

Es necesaria más coordinación

Aunque muchos fiscales en diferentes momentos han señalado que los informes policiales llegan en ocasiones con vacíos legales, el Fiscal General de la República, Julio Centeno, indicó que han buscado cómo solventar dichas debilidades. “La coordinación sobre todas las cosas es la fórmula mágica, desde que estén bien informados los fiscales y orientando jurídicamente a los compañeros de la Policía Nacional, para que salga un informativo bien expedito y claro”, consideró.

Centeno dijo que en la primera quincena de julio invitará a la primera comisionada Aminta Granera, Directora General de la Policía, para discutir el tema de las políticas de persecución criminal.

En el curso participaron 65 policías y 32 fiscales, quienes abordaron 11 temas relacionados con aspectos jurídicos-policiales, en temas de accidentes de tránsito, a la vez que simularon la realización de juicios orales y públicos. Con esto pretenden elaborar un protocolo de políticas para atender este mal que es considerado un problema de salud pública.