Rafael Lara
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De 35,620 empleados del sector público, únicamente 322 --o el 0.9%-- tienen una discapacidad, demostrándose que el Estado no está cumpliendo con Ley 202 de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades, indica la fiscalización al “cumplimiento del derecho al trabajo digno de las personas con discapacidad en las instituciones del Estado.”

El estudio fue realizado por la Procuraduría en Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, con el apoyo de la organización One World Action. OWA Inglaterra, tiene como objetivo valorar el nivel de cumplimiento de las normativas sobre equiparación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad en las instituciones públicas.

Además, identificar las acciones realizadas por el Consejo Nacional de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para garantizar el derecho al acceso y oportunidad de trabajo de las personas con discapacidad, así como conocer los mecanismos con que cuentan las instituciones públicas a fiscalizar para garantizar la educación, formación e inserción laboral de las personas con discapacidad.

La Ley 202, de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades, obliga a las instituciones estatales a contratar a una persona con discapacidad por cada cincuenta contratadas en planilla, pero esto no se cumple.

Según la información obtenida por la PDDH, en el Centro de Empleo del Ministerio del Trabajo, Mitrab, durante 2009 se recibieron un total de 5,000 solicitudes de empleo y de éstas, solamente 28 solicitudes correspondían a personas con discapacidad. Un total de 3,993 personas fueron ubicadas en diversos puestos de trabajo, y de éstas, ninguna tenía discapacidad, lo que evidencia que a pesar de existir pocas solicitudes de empleos del sector con discapacidad, no son tomadas en cuenta.

Se constató que del total de personas con discapacidad que trabajan en las instituciones fiscalizadas, ninguna fue contratada en cumplimiento de lo establecido en la Ley 202, ya que las mismas laboran desde antes de la entrada en vigencia de la Ley.

Por otra parte, se comprobó que los funcionarios desconocen la Ley 202, y la aplican de forma mínima. En el caso de las personas con discapacidad, sólo el 70% la conocen.

La mayoría de las personas con discapacidad que laboran en las instituciones fiscalizadas realizan labores relacionadas con vigilancia, limpieza y jardinería. Dentro de cargos directivos o intermedios no existen personas con discapacidad, y señalan que uno de los principales impedimentos para optar a mejores puestos es el bajo nivel académico que éstas tienen, ocasionado por la falta de acceso a la educación formal, técnica y profesional, por discriminación y razones económicas y estructurales.

Entre los grandes problemas detectados se distingue que el Consejo Nacional de Rehabilitación, Conare, no tiene incidencia alguna en materia de derechos de personas con discapacidad, por falta de fondos presupuestarios y por la falta de capacidad coercitiva de la Ley 202 y su Reglamento.

Ante la problemática, la PDDH pide a la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, que agilice el proceso de reforma de la Ley 202, para que ésta sea sometida a plenario y se logre su aprobación y publicación en la presente legislatura.

El estudio fue realizado en el período comprendido entre el 15 de marzo y el 02 de abril de 2010, coordinado por la procuradora especial de la Niñez y la Adolescencia, Norma Moreno Silva, y la directora nacional de Defensa, Jeanne Palacios Bragg. El proceso de fiscalización se realizó en trece departamentos: Bilwi, Bluefields, Boaco, Chinandega, Chontales, Granada, Jinotega, León, Managua, Masaya, Matagalpa, Rivas y Siuna.