Rafael Lara
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Organizaciones civiles y de derechos humanos criticaron el daño a la institucionalidad y del Estado de Derecho por la desintegración de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y la irresponsabilidad del Poder Legislativo por no nombrar a sucesores, todo por las pretensiones del mandatario Daniel Ortega, de reformar la Constitución y correr como candidato en las próximas elecciones presidenciales.

Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, señaló que la posición de la magistrada oficialista Alba Luz Ramos, si bien legalmente pasa a sostener el carácter administrativo de la CSJ, no puede convocar a Corte Plena, como pretende.

“En los último 20 años en alguna medida se había logrado avanzar en el carácter de respeto a algunas instituciones, pero esta situación es un enorme retroceso, gracias a una clase política de desgobierno, con un mandatario que no respeta la Constitución de la República, todo en aras de sostener el poder y no lo detiene nadie”, expresó.

El poder por encima de todo

Carrión señaló que en este país el representante del Poder Ejecutivo trata de desconocer la legalidad, de cara a mantener su hegemonía en los Poderes del Estado.

“No se puede respetar a estos funcionarios que no sólo destruyeron la organización local, en el caso de la destitución del alcalde de Ciudad Sandino. Ahora están destruyendo los poderes del Estado a cualquier costo, incluyendo la compra de diputados y el chantaje en la Asamblea Nacional”, comentó el representante del Cenidh.

Sobre el tema, el fiscal general Julio Centeno aseguró que la administración de la justicia saldrá afectada en este conflicto, y la única salida es el apremiante nombramiento de los reemplazos en los cargos vacantes.

“Toda esa situación anómala del Poder Judicial no deja de afectar la administración de justicia. Lo ideal sería encarrilar al camino del orden institucional nombrando a los funcionarios”, dijo el fiscal general.

Marcos Carmona, Director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, comentó que prácticamente se tiene secuestrada a la CSJ como un triste referente de la política gubernamental del mandatario.

Han perdido legalidad y vergüenza

“La inseguridad jurídica representa retardo de justicia, esto aleja a la inversión en un país sin opciones laborales, con enormes porcentajes de desempleo. Esto pasa porque muchos políticos han perdido la vergüenza, que no sólo han perdido la visión de la legalidad, que se valoran por la cantidad que les ofrecen y no por su capacidad de funcionarios, por su profesionalismo o el carácter de servidor público por el que fueron elegidos”, alega.

Para Luisa Molina, vocera de la Coordinadora Civil, el problema es que tenemos a un órgano legislativo infuncional ante el irrespeto y las violaciones a la Constitución.

“Por otra parte, tenemos a una ciudadanía que no está preocupada por la situación política, sino por qué comer al día siguiente, pero no se da cuenta de que si no hay democracia no tendrá nada qué comer el día de mañana”, alegó.

Molina señala que desde la Coordinadora Civil están en una campaña de sensibilización, información y educación ciudadana, ya que sin esto no existe la movilización.

“Próximamente realizaremos movilizaciones por las calles, porque en el pueblo radica la solución. No podemos estar esperando que los políticos nos resuelvan los problemas, cuando tenemos más de un siglo sin hacerlo”, expresó la vocera de la Coordinadora Civil.