•   SAN JOSÉ / ACAN-EFE  |
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Un tribunal de Costa Rica mantuvo como medida cautelar la paralización de la construcción de una polémica mina de oro a cielo abierto en la zona norte del país, al resolver una apelación de la empresa minera Industrias Infinito, cuya casa matriz es la canadiense Vanessa Ventures.

El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José, indicó en su fallo que mantiene la medida cautelar, dictada en 2008, de forma indefinida hasta que se dicte sentencia por un proceso abierto.

Este proceso, que aún no tiene fecha de juicio, es sobre una denuncia de organizaciones ecologistas por daño ambiental, a causa de la tala de unas 190 hectáreas de árboles hecha por la empresa el año pasado, para construir la mina “Las Crucitas”.

“Alabamos la decisión de los jueces y estamos muy satisfechos, porque se mantienen las medidas cautelares”, declaró a Acan-Efe, Heidy Murillo, activista de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON).

Murillo se mostró confiada en que las organizaciones ambientalistas ganarán el juicio, y reiteró que el proyecto minero representa “un alto riesgo” para el medio ambiente.

Minera respeta a Tribunal, pero…
Juan Carlos Obando, Gerente Corporativo de Industrias Infinito, dijo a la prensa local que respeta la resolución del tribunal pero que no la comparte, pues considera que la empresa ha actuado a derecho.

El pasado 16 de abril, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó una serie de recursos de amparo contra la mina al determinar que los estudios técnicos y ambientales estaban en orden y avalaban la operación de la mina.

Sin embargo, la empresa no pudo reanudar los trabajos debido al proceso penal que se tramita en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Los recursos de amparo declarados sin lugar por la Sala Constitucional, denunciaban contaminación de aguas, afectación del hábitat del árbol almendro amarillo y la lapa verde, ave en peligro de extinción, y la carencia de algunos requerimientos ambientales.

También cuestionaban la legalidad de un decreto firmado en 2008 por el entonces presidente Óscar Arias, que declaraba la mina como de “conveniencia nacional”.

La mina ha recibido todos los permisos del Gobierno para su funcionamiento, y pretende extraer 700,000 onzas de oro (19.8 toneladas) en 10 años, valoradas en unos 800 millones de dólares.

El Gobierno de Nicaragua también se ha quejado oficialmente porque la mina se ubicaría a unos tres kilómetros del fronterizo río San Juan, lo que a su juicio representa un serio riesgo de contaminación.