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En las causas por violencia contra la mujer, es mayor el porcentaje de casos desestimados por parte del Estado, que la cantidad de abandonos por parte de las víctimas, se asegura en el estudio “Recursos y Obstáculos en el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en cinco municipios del departamento de Matagalpa”.

En conferencia de prensa, Ruth Marina Matamoros, perteneciente al grupo Venancia, en Matagalpa, indicó que a nivel nacional se calcula que tan sólo 3, de cada 100 denuncias de violencia contra las mujeres, llegan a los juzgados.

“En nuestro caso, en los cinco municipios estudiados nos dimos cuenta de que hay mayor porcentaje de abandono de causas por parte del Estado, que por parte de las mujeres”.

Los datos recabados apuntan a que de 93 denuncias interpuestas en 2009, sólo el 14% de los casos fueron ganados, el 13% fueron abandonados por las denunciantes, pero el 25% de los casos fueron abandonados por el Estado, entre otras cifras de arreglos extrajudiciales, prófugos y casos en proceso.

La situación prácticamente se invierte en los delitos tipificados de abuso sexual, ya que en 19 casos sólo el 11 por ciento fueron ganados, 32% lo abandonó la víctima, y el 21% fue abandonado por el Estado. Esto entre porcentajes menores de mediaciones, casos aún en proceso, prófugos y arreglos extrajudiciales.

“Ahí es que muchas mujeres abandonan por la sensación de impotencia, porque no se les resuelve, que regrese otro día o que hubo reprogramación, porque tal o cual testigo o funcionario no llegó”, expresó Matamoros, agregando que los municipios del estudio fueron Ciudad Darío, Waslala, Río Blanco, Muy Muy y La Dalia.

Efectividad de organismos

Por otra parte, se comprobó que el acompañamiento de las organizaciones de mujeres o de derechos humanos que dan apoyo solidario a las denunciantes, agiliza mucho las acciones y los resultados de las autoridades, sin embargo, más que el acompañamiento emocional y de orientación, se ha convertido en un elemento necesario para la atención de las instituciones, aunque las víctimas, con acompañamiento o sin él, tienen el derecho a ser atendidas con un trato digno, solidario, y a tomarles la denuncia si así lo requieren las mujeres afectadas.

La representante de la organización Venancia indicó también que la ruta crítica para alcanzar justicia no tiene nada de gratis, porque si bien no existen cobros para que la víctima sea atendida por las autoridades, se debe recordar que la denunciante requiere de traslados, gastos de alimentación y de estadía, esto en el caso de víctimas que bajan de las zonas rurales internas, sin embargo no existen casas de acogida impulsadas por el Estado. Además de la violencia vivida en medio de la pobreza, por su cuenta deben correr los gastos pertinentes para que la denuncia pueda impulsarse, eso sin tomar en cuenta que en ocasiones los juicios se reprograman y nadie avisa a la denunciante.

Estas situaciones no sorprenden a Fátima Millón, como parte de la Red de Mujeres contra la Violencia, pues a nivel nacional --según el monitoreo de los medios de comunicación a nivel nacional, a diferencia de las estadísticas oficiales-- se han contabilizado 38 mujeres muertas.

“Éstas son muertes que pudieron evitarse. Todas ellas con anterioridad fueron víctimas de violencia y recibieron amenazas, antes que ellas se convirtieran en víctimas mortales. Sin embargo, nos encontramos con casos como el de Claudia Hernández Torres, de Nagarote, donde la Policía no tuvo actuación beligerante. Se pone en evidencia, una vez más, la situación de riesgo a la que está expuesta la mujer, al no atenderlas, y al no existir políticas para garantizar su seguridad”.

Así, Millón indicó que el sistema de justicia no está garantizando la seguridad de las mujeres, tal como se observó también en Jinotepe, donde un procesado, acusado de intentar matar a su cónyuge --que producto de la agresión perdió un riñón-- fue declarado no culpable por las debilidades periciales y técnicas de las autoridades competentes.

“En lo que va del año han sido asesinadas 38 mujeres, y de los agresores señalados 22 se encuentran prófugos, ya que no hay una prioridad para la persecución de éstos”, aseguró Millón.