Rafael Lara
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Si la Ley de Migración y Extranjería, en sus artículos 153 al 158, fuese aprobada en lo particular tal como está, todo hotel, hospedaje y motel, al igual que las rutas de transporte colectivo y taxistas tendrían que pedir la identificación a quien les solicitara el servicio, para no ser objeto de multa. Esto lo señala la coordinadora de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones, Heydi González, quien considera que en primer lugar no se puede criminalizar a una persona por ser migrante sin documentación legal, y menos que se castigue con multa a quien proporcione un servicio de alojamiento o transporte, lo que sería violatorio a los derechos humanos.

La Ley, aprobada en lo general y que actualmente se estudia en lo específico, impone en sus artículos multas y hasta acciones penales a quien brinde el servicio al migrante en situación de irregularidad, por lo que se les obligará a exigir a extranjeros sus documentos de identidad y de viaje. Mientras tanto, el artículo 153 establece la prohibición de contratar trabajadores indocumentados, o quienes teniendo un estatus legal, no estén autorizados para ejercer actividades laborales.

González comentó que cada Estado tiene sus regulaciones, y en toda la región centroamericana existen criterios de control, incluso iguales o más duros a los mencionados en la ley recién aprobada, sin embargo, en Nicaragua se debería determinar sanciones o multas sólo a quienes alojan, transportan o dan trabajo a extranjeros indocumentados, cuando esto ocurre bajo el delito de tráfico de migrantes o trata de personas.

Ley deshumanizante

“Sería un ley deshumanizante. Imaginemos que un sudamericano, asiático o africano víctima de los traficantes de personas quedó a la intemperie, pero nadie puede brindarle ayuda humanitaria porque la ley lo penaliza. Ese es el riesgo que se corre con este tipo de normas. Obvio que cada país tiene el derecho a regular el tráfico migratorio y establecer requisitos, pero las políticas migratorias estrictas y trámites caros, obligan a la gente a viajar sin documentación”, argumenta la representante de la Red de Migrantes.

Comentó que por su posición geográfica, toda la región centroamericana es el puente de africanos, asiáticos y suramericanos. Algunos, en especial los africanos, vienen de países en guerra o en crisis humanitaria terrible, gente que viene buscando refugio.

“Si estamos pidiendo respeto para nuestros detenidos en otros países, no hagamos lo mismo en Nicaragua. El problema es que el Estado se preocupa más por controlar y militarizar la frontera, pero no atiende sobre el trato humano que se dará a personas que, en su mayoría, se mueve de sus países por situaciones económicas. Tenemos que en principio el migrante no es un delincuente”, expresó.

Proyecto engavetado desde 2007

El proyecto de Ley de Migración y Extranjería estaba engavetado desde 2007, y las organizaciones civiles presionaron por su aprobación, entre otras leyes pendientes. Cuando hubo noticias de su aprobación en lo general, comenzaron a estudiar las mociones y a hacer las observaciones pertinentes a los diputados, solicitando la incorporación de elementos de derechos humanos en esta ley. Entre éstas, reconocer que un migrante indocumentado, aunque no tenga el permiso de permanecer en el país, también tiene derechos. Incluso es opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a los migrantes se les tienen que respetar sus derechos laborales.

“Esos son elementos que no notamos en esta propuesta, y no logro percibir que estén cumpliendo con la obligación de incorporar elementos de derechos humanos reconocidos por Nicaragua en foros internacionales en la Convención Internacional para la Protección de los Derechos Humanos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, o la Convención del 90, ratificada por nuestro país en 2005, donde entre otras cosas tiene que presentar un informe de avances cada dos años. Algo que nuestro gobierno no ha hecho”.