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El Ministerio de Salud, Minsa, obtuvo la autorización de exclusión de procedimientos de parte de la Contraloría General de la República, CGR, para contratar directamente más de C$72.6 millones en equipamiento médico para hospitales.

La decisión, de acuerdo con el sitio web del ente fiscalizador, la tomaron los contralores de facto en la sesión ordinaria 686 del 3 de junio, con base en la recomendación que hizo la Dirección General Jurídica, a solicitud presentada el 25 de mayo por la ministra de esa entidad, Sonia Castro.

La información indica que Castro pidió permiso para adquirir sin licitación pública la compra de equipamiento médico para los hospitales “San Juan de Dios”, de Estelí, y “Asunción”, de Juigalpa, hasta por la suma de C$26 millones 698 mil; medicamentos oncológicos, por la suma de C$23 millones 999 mil 943; materiales de reposición periódica, por C$11 millones, y compras de medicamentos por C$10 millones 999 mil 99, a ser financiados con fondos del presupuesto nacional. La suma total de la exclusión es de C$72 millones 697 mil 973.

Los colegiados “putativos” recomendaron al Minsa solicitar las tres cotizaciones que la Ley de Contrataciones establece, a fin de escoger la oferta más conveniente a los intereses de la institución, además, que debe actuar en consonancia con los principios de eficiencia, economía y efectividad, consignados en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Más de C$7.7 millonesal Mined
En esa misma sesión, los colegiados que se mantienen en sus cargos ilegalmente aprobaron al Ministerio de Educación, Mined, que contrate directamente la segunda entrega y distribución de alimentos de 6,048 centros escolares a nivel nacional, a través del Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE).

Esa decisión la tomaron con base en el Informe Ejecutivo No. 093, de solicitud de exclusión de procedimientos ordinarios de contratación, suscrita el 26 de mayo por la ministra de Educación, Miriam Soledad Ráudez Rodríguez.

El monto por el que aprobaron los contralores la solicitud fue hasta por la suma de C$7 millones 767 mil 631, a ser financiados con fondos del Presupuesto de la República, para lo cual la institución deberá presentar las tres cotizaciones de Ley para escoger la más convenientes a sus intereses.

“Una vez suscrito el contrato que se derive de esta autorización, deberá enviarse copia del mismo a esta Entidad Fiscalizadora, de conformidad con el punto IV de las Normas para el Análisis, Control y Seguimientos de las Contrataciones del Estado, a fin de completar el expediente administrativo correspondiente, y darle el seguimiento debido”, dice la aprobación de los colegiados.

Agrega que “todo el proceso de contratación, ejecución y recepción de obras, bienes y servicios, así como el manejo financiero, debe quedar adecuadamente documentado y a disposición de la CGR, para futuras auditorías, y la máxima autoridad contratante, en todo caso, deberá dar cumplimiento a lo ordenado en el Arto. 12 de la Ley Nº 323 “Ley de Contrataciones del Estado”.

Dicho artículo, relacionado con la Prohibición para ser oferente, deja claramente establecido quiénes pueden y quiénes no pueden ofrecer servicios ni suscribir contratos con el Estado.

De esta manera, los colegiados siguen dejando en papel mojado la Circular Administrativa 001-2010, emitida en enero de este año, por ellos, en la cual orientó a todos los poderes del Estado, ministerios y entes descentralizados, a cumplir con su obligación de publicar sus Programa de Adquisiciones y compras de servicios, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 323, para no salir a última hora con peticiones de exclusión de procedimientos.