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Los hechos acontecidos en el municipio de Boaco constituyen un gravísimo daño al Estado de Derecho y a la institucionalidad del país, según manifestó ayer Monseñor Jorge Solórzano, Obispo de la Diócesis de Granada, Boaco y Rivas. Dijo que remover de su cargo a una persona elegida legítimamente por el pueblo es una responsabilidad muy grave, y que quienes consideren que hay causa justa para esta acción están obligados a hacerlo cumpliendo el debido proceso.

La exhortación la hizo durante una conferencia de prensa en la que llamó a los magistrados del Consejo Supremo Electoral a demostrar de manera irrefutable, clara y transparente los cargos imputados a los alcaldes defenestrados. “No es que ahorita digan que este funcionario cometió malos manejos, ya lo van a destituir e inmediatamente nombran a otro, tiene que haber un proceso en el que se demuestre lo que esa persona hizo. De lo contrario sería un daño gravísimo”, expresó.

Para evitar un posible “estallido social” el prelado recomendó a los boaqueños y a los nicaragüenses  despojarse de todo tipo de armas y más bien conservar la calma y mantenerse dentro del respeto  al orden y la ley, a evitar toda confrontación de insultos y violencia. 

“A los dirigentes políticos les recordamos que más que adversarios, por ideologías e intereses de partidos todos somos hijos de Dios y conciudadanos de una nación que sólo podrá dirigir su futuro hacia la paz y el progreso en la misma medida que todos nos comprometamos en el respeto a las instituciones democráticas, en el respeto a las leyes y desistamos de imponen intereses mezquinos y egoístas de personas y partidos por encima del bien común”, dijo cuando se le preguntó sobre el lineamiento del alcalde de Granada al actual partido en el poder.

Llamado a Policía Nacional

Los obispos que pertenecen al Consejo Presbiteral también hicieron un llamado a la Policía Nacional a respetar las leyes y mantener el profesionalismo de la institución, a anteponer los valores y no los intereses partidarios. 

En relación a las amenazas de destitución de otros ediles, Solórzano acotó que confían en que se escuche la voz de la Iglesia Católica y trabajen por el bien común del pueblo.
 
Por su parte, monseñor Marcial Guzmán exhortó “a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a mantenerse dentro de las leyes para evitar los insultos y violaciones, y poder conservar la paz.  Oramos para que quienes administran la justicia lo hagan a la luz de Dios como responsable de lo que se han comprometido”. 

Aunque este tema político no forma parte de la agenda del Consejo Presbiteral de la Diócesis, monseñor Solórzano reconoció que el interés obedece a una preocupación pastoral, ya que el que sufre las consecuencias es el pueblo.

La exhortación está firmada por los monseñores Raúl Ruiz Mena, Juan Francisco Moreira, Alfonso Alvarado, Luis Vallejos y Marcial Guzmán, y por los presbíteros Arturo Zambrana, Ángel Gabriel Rivera, Francisco Solano, Mario Sandoval y Heriberto Paizano.