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La peor pesadilla del Vaticano se hace realidad. La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de no aceptar a trámite el recurso de un abogado de la Santa Sede que solicitaba inmunidad diplomática para la jerarquía católica acusada de encubrir a un cura pedófilo en los años sesenta, permitirá que las causas civiles puedan continuar.

Tras la decisión del Supremo, el Tribunal de Oregon, que juzga el caso del cura irlandés Andrew Ronan, fallecido en los años 60, podría eventualmente llegar a convocar como testigo, e incluso como acusado, al propio Papa de Roma.

La no admisión del recurso abre la puerta a la consideración de la institución católica como responsable subsidiaria de las agresiones sexuales de sus miembros. La Corte rechazó decidir sobre la petición sin comentario alguno, sin confirmar o rechazar expresamente que Roma disfrute de la inmunidad diplomática como protección de la curia y el Papa en los juicios por pederastia.

Con su decisión, el Tribunal Supremo estadounidense permite que siga su curso el juicio en Oregon, que la curia esperaba detener, con el apoyo de la Casa Blanca, a través de una decisión de ese mismo tribunal. De ese modo, y con ese mismo argumento, puede seguir otro juicio similar en el Estado de Kentucky, en el que el Vaticano también reclama inmunidad diplomática.

El periplo de un abusador

El juicio de Oregon lo inició en 2002 un hombre, bajo nombre falso para proteger su intimidad, en contra del padre Andrew Ronan, que supuestamente abusó de niños en Irlanda en los años 50, fue trasladado a Chicago y, de allí, a Portland, en Oregon, donde acabó abusando del denunciante anónimo cuando este tenía 15 años.

El cura falleció en 1992, pero los fiscales aseguran que el Vaticano sabía de los abusos y, aún así, le protegió con sendos traslados. Por eso han querido sentar en el banquillo a representantes de la curia. El Vaticano, que comenzó a tener relaciones diplomáticas con EU en 1984, solicitó amparo en una ley de 1976 que garantiza inmunidad a los estados extranjeros. Hay otro caso, en Kentucky, en el que el abogado William McMurry defiende a tres ciudadanos que aseguran haber sufrido abusos, y en el que acusa a Benedicto XVI de haber conocido esos casos y haberlos ocultado cuando Joseph Ratzinger era prefecto para la Congregación de la Doctrina y de la Fe, antes de ser elegido Papa.

En el caso de Kentucky no se acusa a la curia o al papado, sino a Ratzinger en particular, por lo que el abogado defensor no considera que sea válido, tampoco, el argumento de la inmunidad diplomática. El Vaticano ha defendido, en aquel caso, que los integrantes de la Conferencia Episcopal norteamericana no son asalariados del Vaticano y que, por lo tanto, no se puede considerar a éste responsable último de sus decisiones.

En el caso de Oregon, diversos juzgados federales han estimado que el Vaticano puede ser una excepción a las leyes de inmunidad diplomática. Un juez, en concreto, estimó que Ronan podía ser considerado un asalariado del Vaticano en diversas instancias y que podría considerarse a la curia como responsable última de sus acciones, una vez fallecido.

“Golpe al Derecho Internacional”

La primera reacción --no oficial-- en el Vaticano es de estupor e indignación por lo que se considera un “golpe bajo al derecho internacional”. El jurista y especialista en derecho canónico Filippo di Giacomo cree que la decisión del Supremo es, en primer lugar, contraria al Tratado de Viena.

“Las relaciones bilaterales y diplomáticas entre Estados Unidos y la Santa Sede existen, ambos países intercambian embajadas y nunciaturas. ¿Acaso rige el principio de que si el jefe de Estado extranjero viste sotana tiene menos derechos?” ”Si la responsabilidad moral de un Estado extranjero puede ser valorada por un tribunal en Estados Unidos, revisemos entonces las cartas de Henry Kissinger a Augusto Pinochet, alentando el golpe de Estado, o indaguemos la participación en el asesinato del jesuita Óscar Romero”, añade Di Giacomo.” ¿Cuál es el principio jurídico de la decisión?”, se pregunta.

“No se dice; el único principio es que un país que tiene todavía vigente la pena de muerte y no respeta muchos derechos considerados fundamentales en Europa se permite dar lecciones de moralidad a otro Estado. En el fondo, es como aplicar la doctrina del programa de rendiciones extraordinarias de la CIA. El Imperio contra la cultura europea de los derechos humanos”. El Vaticano se siente, en fin, “tratado como una multinacional del tabaco”. “Los hebreos y los protestantes no tienen Papa, sería curioso saber a quién podrían acusar en ese caso”, reflexiona Di Giacomo, para quien el proceso de Oregon conculca además el principio legal ‘mors omnia solvit’, (‘la muerte deshace todo)”.

En su visita a Washington y Nueva York en 2008 el Papa se reunió por vez primera con víctimas de los abusos de curas pederastas. Era la primera vez que el Vaticano pedía perdón, cara a cara, a los muchos católicos que habían sufrido violaciones de niños y adolescentes a manos de diversos sacerdotes en Norteamérica. “Siento una profunda vergüenza”, dijo entonces Benedicto XVI. Cuatro meses después de aquella visita, la archidiócesis de Chicago respondió con una oferta de indemnización: 12 millones de dólares (9.7 millones de euros) a 16 víctimas.

Los pagos de ese tipo no son una novedad. Han sido, más bien, una estrategia común para evitar ver a curas y obispos sentados en el banquillo. Los abogados que representan a las víctimas de abusos calculan que, en las últimas tres décadas, la conferencia episcopal norteamericana ha pagado más de 2,000 millones de dólares (1,600 millones de euros) para compensar por los abusos de unos 4,000 sacerdotes católicos. Aquellas diócesis --media docena-- que no han disfrutado de los recursos necesarios se han declarado en bancarrota.
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