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Organizaciones de derechos humanos condenaron la destitución ilegal del edil boaqueño Hugo Barquero, lo que consideraron el más crudo ejemplo de la manipulación de los poderes del Estado e instituciones por parte del orteguismo, en su afán de dominio absoluto de las municipalidades, situación en la cual la credibilidad de la primera comisionada Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional, quedó muy devaluada.

Barquero se presentó ayer al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, donde interpuso la denuncia, por considerar que se le violentaron sus derechos humanos, y mostró un vídeo captado durante el desalojo, que no fue pacífico, como las autoridades policiales lo aseguran.

La cámara, ubicada a un costado del edil, cae al suelo cuando los policías antimotines toman a la fuerza a Barquero. Luego es levantada por Janeth Alvarado, quien difícilmente puede sostenerla, mientras los antimotines la empujan hasta sacarla por la puerta de la alcaldía.

“Condenamos esta nueva acción ilegal que considero un eslabón más de las actividades perpetradas por el presidente Daniel Ortega, en su búsqueda por perpetuarse en el poder. Esta destitución no es un caso aislado, ni un pleito entre facciones políticas”, aseguró Vilma Núñez, Presidenta del Cenidh, instancia que mantuvo presencia en la problemática desde el primer momento.

Núñez indicó que en la situación se evidenció cómo las autoridades se coludieron, comenzando por las acciones policiales, y la parcialidad de la comisionada mayor Miriam Zamora, hasta entonces jefa de la Policía de Boaco, quien primero impidió el acceso a miembros de organizaciones de derechos humanos.

Al principio Zamora no permitía el acceso de alimentos al alcalde Barquero, quien se había encerrado en las oficinas de la municipalidad. Luego de un llamado de atención de la jefatura policial, ella accedió, pero no dio facilidades para ello.

Organizado por Lenín Cerna

Los promotores del Cenidh dijeron haber constatado la presencia del ex director de la Seguridad del Estado y jefe del Departamento de Organización del Frente Sandinista, Lenín Cerna, por lo que consideran que fue uno de los organizadores de toda la trama montada por parte del partido de gobierno.

La representante del Cenidh cree que las presiones sobre la comisionada mayor Zamora fueron muchas, por lo que sus mandos superiores decidieron nombrar interinamente en el cargo al segundo jefe de la Policía de Managua, comisionado Luis Barrantes, oficial que al final introdujo al usurpador Juan Obando, y por la fuerza consumó la expulsión del hasta entonces edil, Hugo Barquero, como parte de la obediencia al partido de gobierno.

Poder Judicial y CSE coludidos

Por otra parte, Núñez criticó la injerencia del Poder Judicial, ya que después de que Barquero se amparara en el tribunal competente de Juigalpa, que mandó a suspender su destitución, el magistrado Gerardo Rodríguez intervino desde el Tribunal de Apelaciones de Managua y su Sala Civil Dos, rechazando lo admitido en la jurisdicción de Juigalpa, alegando que no podía suspender actos consumados, algo que a su vez fue rechazado por el Tribunal de Masaya, aunque prevaleció la decisión del TAM.

Igualmente, el Consejo Supremo Electoral, en la figura de Roberto Rivas, en menos de tres horas juramentó al sucesor Juan Obando, violentando su propia ley, que especifica un término de tiempo para que la persona afectada pueda apelar a la decisión.

Asimismo, consideró increíble que estas instituciones actuaran de hecho y aceptaran la destitución, sin que hubiese una resolución de la Contraloría General de la República, CGR, para probar las acusaciones contra el edil boaqueño de supuestos malos manejos.

En tanto, acusó también a la CGR, de confabularse para facilitar la expulsión de Barquero del edificio municipal, a quien en ningún momento reconocieron como alcalde, aunque éste fue el que solicitó la auditoría.

Marcos Carmona, Director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, se sumó a la condena de las acciones arbitrarias de las instituciones, las que consideran son producto del resquebrajamiento del Estado de Derecho en Nicaragua.

“Se están cerrando los espacios legales a recurrir. Con ello se puede invocar el derecho a la rebelión, señalado en el preámbulo de la Carta Universal de Derechos Humanos, ya que no nos están dejando salida”, expresó Carmona.