• |
  • |
  • END

La edición y lanzamiento de una versión orteguista de la Constitución Política de Nicaragua por parte de la Corte Suprema de Justicia, para legalizar las aspiraciones reeleccionistas del presidente Daniel Ortega, crearía un caos jurídico sin precedente en la historia nacional.

Para el experto en Derecho Constitucional, Omar García Palacios, el imprimir una nueva Constitución no abona a la solución del vacío jurídico que vive el país por la crisis de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pues esto podría provocar una guerra de Constituciones “a gusto y antojo de quien la quiera editar a su manera”.

Esta semana el abogado con cargo vencido de magistrado de la CSJ, Rafael Solís, anunció el lanzamiento de una versión de la Constitución Política de Nicaragua del Poder Judicial, con la incorporación del artículo 201 de la Constitución de 1987, con la cual él y varios funcionarios públicos con cargos vencidos se amparan para no desocupar los puestos en varias instituciones públicas, y no se sabe si también con el Arto. 147 derogado.

Impresiones sin control

Para el constitucionalista García Palacios, el artículo 201 de la Constitución Política de 1987 murió en su tiempo, porque se redactó para ser una norma transitoria, tanto en el párrafo primero como en el segundo del artículo, durante el proceso de transición de 1989, cuando se adelantaron las elecciones de noviembre de 1990 a febrero de ese mismo año.

“Imprimir una Constitución agregándole el artículo como vigente, es seguir generando tensión en el asunto e inseguridad jurídica, porque entonces vendrá la Asamblea Nacional a imprimir otra, el Ejecutivo a imprimir otra, la sociedad civil a imprimir otra y cada uno imprimiría la Constitución según le parezca”, dijo García.

El experto señaló que uno de los grandes problemas que existe en el país es que no existe uniformidad ni control sobre la publicación de las leyes, pues a veces La Gaceta, Diario Oficial, dice algo y otras publicaciones de editoriales que la citan dicen otra cosa.

“Te encontrás con textos que dicen que son de ediciones a X año, que están actualizados, y resulta que no tienen nada que ver, ese es un gran problema que no se da en otros países, porque hay una sola empresa autorizada para hacer el tiraje de las normas, y aquí no ocurre lo mismo”, dijo García.

Un defensor de oficio y un analista autónomo

En defensa de la versión orteguista de la Carta Magna salió el diputado Edwin Castro: “Los poderes del Estado están autorizados para imprimir la Constitución. Si hay un artículo que no ha sido derogado, tiene que ser incluido. Si está vigente, hay que publicarlo”, dijo.

Para el ex presidente de la Asamblea Nacional, Luis Humberto Guzmán, hay un vacío jurídico en la facultad sobre la edición y publicación de las leyes de la República.

END: La edición oficial de la Constitución Política, ¿a quién le corresponde publicarla, a la Corte Suprema o a la Asamblea Nacional?
“Con franqueza te digo: no hay una norma jurídica que establezca eso, pero más bien, y es mi apreciación, esto le corresponde a la Asamblea Nacional, que es el Poder del Estado que revisa y aprueba las leyes, sin embargo, no hay que olvidarse de que la publicación de la ley la autoriza el Presidente de la República”.

¿Cómo es el procedimiento?

“Una ley la tramita la Asamblea Nacional, la aprueba y la envía al Presidente; si el Presidente no veta, él mismo manda a publicar mediante La Gaceta. Ahora, cuando las leyes han sido reformadas, la Constitución establece que dependiendo del alcance de las reformas a una ley, cuando esta reforma es muy grande, entonces se puede hacer una edición refundida, no como una ley adicional de reforma”.

Entonces, ¿no es competencia de la Corte?

“Lo que te digo es que no hay una ley que expresamente diga quién es la autoridad que revisa y autoriza una edición oficial de la Carta Magna”.

¿Y es un vacío jurídico, técnico, un delito o qué cosa?

“En mi opinión es un vacío jurídico. Uno podría decir que es el Presidente de la República el único competente a autorizar la publicación de una ley, porque es quien la Constitución manda que firme y mande a publicar la ley, pero en este caso --que se trata no de una ley, sino de una Constitución-- tendríamos que atenernos a lo que ha publicado La Gaceta, porque tampoco se trata de hacer cosas al arbitrio. ¿Qué ha publicado La Gaceta sobre la Constitución y las reformas a la Constitución? Eso es lo que nos da el texto…”

¿Y quién debe modificar los textos de la Constitución?
“En materia de reformas a la Constitución, le corresponde a la Asamblea Nacional, ahora el Presidente no promulga reformas de leyes ni Constituciones”.

Doctor, si la Corte publica una “edición oficial”, donde establece la vigencia del artículo 201, pero la Asamblea Nacional mantiene la edición donde el artículo aparece como transitorio, ¿a qué Constitución debemos obedecer?
“Esto crea confusión, pero me parece que la manera en que se puede estructurar una edición oficial de la Constitución es con base en lo publicado en La Gaceta”.

Sin razones

Para Gonzalo Carrión, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la discusión sobre el tema es sencilla de dirimir, si fuera por la base estrictamente jurídica y no por la interpretación política del tema.

“Si la Asamblea Nacional no ha mandado a publicar una reforma de la Constitución, donde sostiene como vigente el artículo 201, si eso no está en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, entonces no existe razonamiento jurídico para editar una edición de la Carta Magna con esa reforma, pero como sabemos que el fondo del asunto es que la Corte quiere legitimar la violación constitucional del presidente Ortega con la reelección, entonces estamos ante una arbitrariedad más del Poder Judicial”, observó.

Según Carrión, una edición oficial de la Constitución, con cambios en el contenido de los artículos, es una reforma de hecho a la Carta Magna, y, por tanto, “una usurpación de poderes, porque esas funciones sólo corresponden a los diputados”.

Para el también activista de Derechos Humanos, la Corte podría caer en abuso de autoridad y hasta en faltas contra la Constitución, al usurpar funciones de reformas que le corresponden a otro poder del Estado, como la Asamblea Nacional, “porque incluso quien la anuncia y la promueve es un abogado común que quiere ampararse en un artículo inexistente para seguir usufructuando las funciones públicas de un Poder del Estado,” dijo, en alusión a Solís.

¿Qué dice la Constitución?

El artículo 191 establece que es la Asamblea Nacional la institución facultada para reformar parcialmente la presente Constitución Política, y para conocer y resolver sobre la iniciativa de reformas a la misma, con el voto del 60 por ciento de los diputados.

En la edición oficial de la Constitución Política de Nicaragua, editada y publicada por la Asamblea Nacional en 2004, se lee que el artículo 201 tiene su “vigencia agotada”.

Más claro no puede estar

“Arto. 201 (Esta disposición y su reforma mediante Ley no. 192, fueron de carácter transitorio. Su vigencia se encuentra agotada. Se refiere a la conclusión de los períodos constitucionales del Presidente, el vicepresidente, representantes o diputados de la Asamblea Nacional, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral y demás funcionarios regulados por la Constitución, válida para su momento”).

Esta edición se imprimió en los Talleres de la División de Documentación Parlamentaria de la Asamblea Nacional en octubre de 2004, y consta de 1,000 ejemplares.