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Los legisladores no pusieron a discusión ayer el proyecto de reforma a la Ley Antifraude que busca aumentar la base de clientes que Unión Fenosa puede encarcelar o multar por tener conexiones ilegales, debido a que dicha firma no cumplió en presentar un documento donde detalle las inversiones que han hecho en la red de distribución.

“Nosotros en la Comisión (de Infraestructura) hemos sido enfáticos en el sentido que demuestren, según el Protocolo de Entendimiento, la inversión en la red de distribución”, explicó el diputado Augusto Valle.

“Veremos si en verdad han invertido 32 millones de dólares. Esto no puede ser sólo de una vía”, justificó el legislador Eliseo Núñez, quien el miércoles pasado aseguró que la ley sería aprobada ayer.

El diputado Valle aseveró que tienen conocimiento de que “Unión Fenosa ha invertido en salarios, en herramientas para cobro y no para mejorar la red de distribución”.

Según la reforma, los usuarios del servicio de energía eléctrica que tengan conexiones ilegales y que su consumo es de 300 o más kilovatios hora al mes, podrían ser multados y encarcelados. Antes, el límite era 800 kilovatios.

La Ley según Katín

Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa, confirmó que los diputados solicitaron el documento, y “estamos trabajando en eso”. Señaló que con esta reforma no pretenden llevar a la cárcel a nadie, porque la misma ley no se lo permite a la empresa. Eso es falso.

“Para eso tendríamos que reformar el Código Penal y no estamos haciendo eso ni lo estamos pensando. Esta Ley no nos permite encarcelar a nadie, sino cortar el servicio y retirar el medidor a quienes encontremos ilegales y se encuentren en esos rangos de consumo. Estamos apuntando a los que se rehúsan a pagar, al fraude”, apuntó Katín.

El ejecutivo de Fenosa se refiere a la “Ley Especial para la Distribución y el Uso Responsable del Servicio Público Básico de Energía” (número 661), también denominada “Ley Antifraude”, que fue aprobada a inicios de 2008 como parte de los acuerdos alcanzados en el Protocolo de Entendimiento, firmado entre directivos de Fenosa España y el Gobierno de Nicaragua.

Hay prisión

En el artículo 236 de dicha legislación, se determinan sanciones para los usuarios que tienen conexiones ilegales o alteración a los medidores, “por un monto mensual igual o superior a tres salarios mensuales del sector industrial… con pena de prisión de uno a tres años y de cien a trescientos días multa”.

Los fraudes en dos vías

Jorge Eduardo Roossees, activista de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), recordó esta parte de la Ley donde también se faculta a los usuarios a llevar a la cárcel a los ejecutivos de Fenosa, “por dos delitos: fraude en facturación o suspensión injustificada del servicio”.

Roossees pidió el respaldo de todos los usuarios de Fenosa para solicitar oficialmente a los diputados que “así como ahora le van a dar una espada más grande a la gente de Unión Fenosa con esta reforma, que también incluyan otra espada del mismo tamaño para los usuarios y consumidores, para que podamos encarcelar a más funcionarios y hasta a las cuadrillas”.

¿Por qué sólo se está ampliando la facultad de Fenosa? ¡Que amplíen las facultades del usuario!, exclamó el representante de la Red, quien se dispone a explicar hoy cómo esta empresa utiliza esa facultad para presionar a sus clientes a que firmen arreglos de pago, argumentando hasta supuestas rebajas que nunca existieron.

El aumento permanente en medidores

Detalló que se debe revisar de forma especial el permanente aumento en el consumo que reflejan los medidores de cada cliente, y, por ende, de las facturas, sin que hasta ahora se logre explicar por qué sucede esto hasta en ocasiones que el usuario ahorra buscando bajar el monto.

“Se podría utilizar en estos casos el fraude en facturación o suspensión injustificada del servicio para procesar a los ejecutivos de Fenosa”, indicó.

Un claro contraste

Recordó que el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, le acaba de aprobar a Fenosa un alza de hasta 3% en el cargo de alumbrado público, algo que también se debe revisar, porque “eso significa que las inversiones de la empresa andan bastante bien en esta área que ahora es premiada, mientras la baja en el cargo de consumo de energía fue mínima (0.009%)”.

Katín asegura que la tasa de alumbrado no se modificaba desde hace cinco años, y representa un aumento de alrededor de un córdoba en cada factura de los clientes. Señaló que esta medida les fue notificada por el INE el miércoles por la mañana y la están midiendo desde ayer, tomando en cuenta dicho ajuste. Eso del córdoba también es falso.

Los miembros de la Red llamaron a vigilar el monto que la distribuidora deberá cobrar a partir de agosto como cargo por alumbrado público, “porque es diferenciado, según el rango de consumo que registren en el mes”.