Ernesto García
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La jueza Ana Justina Molina denunció estar siendo chantajeada por funcionarios de otros poderes del Estado, para que le otorgue a Andrés Raúl Pérez Calero, acusado de violación agravada, una medida más benévola de la que ya goza. Pérez, supuesto encargado de montar el sistema de seguridad del estatal Banco Produzcamos, BP, es acusado de violación agravada en perjuicio de un adolescente de 14 años, con quien tiene vínculos familiares.

La denuncia de chantajes fue expuesta por la jueza Décimo Distrito Penal de Juicio de la capital, en un escrito de inhibitoria, dirigido al Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM. “He recibido presiones a través de terceros por funcionarios de otros poderes del Estado, ofreciéndome grandes sumas de dinero si le cambio la medida alterna de la que goza el procesado”, denunció la judicial.

Al ser preguntada sobre la cantidad de dinero ofrecida como dádiva, la funcionaria judicial dijo que le mencionaron que había entre 200 mil y 400 mil córdobas “disponibles”.

La judicial dijo que esas terceras personas también le han amenazado con pedir su destitución en la Corte Suprema de Justicia, CSJ, si no acepta realizar el cambio. “Las amenazas de ser destituida no me preocupan, porque estoy segura de que el más alto tribunal de justicia no lo haría por haberme negado a recibir dádivas”, dice a renglón seguido la judicial, en el escrito dirigido al TAM.

El acusado de violación agravada fue beneficiado por el juez Abelardo Alvir Ramos con la medida alterna de presentación diaria a firmar tarjeta de control de procesado.

Quienes supuestamente han intercedido por Pérez ante la judicial, están exigiendo que le sea permitido presentarse sólo una vez cada 15 días a firmar la referida tarjeta.