•   OCOTAL, NUEVA SEGOVIA  |
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En el caso de la presunta corrupción documentada por la Contraloría General de la República, CGR, según resolución RIA-663-07, en la Alcaldía de Jalapa, administradas por los ex ediles Francisco Omar González Vílchez y Humberto Pérez Largaespada, ambos del partido orteguista, “la señora justicia se ha quitado la venda” para conocer a los imputados y ampararlos por la danza millonaria que perjudicó el patrimonio de los jalapeños.

Eso quedó evidenciado la mañana del 23 de junio pasado, cuando el juez suplente penal de Audiencias del Juzgado para lo Criminal de Nueva Segovia, Luis Ernesto Ponce Mantilla, estaba por someter a la audiencia preliminar a los imputados por peculado y malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado y de la Alcaldía jalapeña, a los señores Pérez Largaespada, Óscar Danilo Montiel Sanabria y José Tomás González Espinoza.

¿Y sin corte plena?

A las manos del judicial cayó un oficio dirigido a su persona y dictado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, con fecha 22 de junio. Ésta, integrada por los magistrados Francisco Rosales, Rafael Solís y Ligia Molina; el segundo, “de facto”, según sus colegas liberales, por habérsele vencido su período.

El juez suplente, Ponce Mantilla, explicó a EL NUEVO DIARIO las razones por las que se ha “congelado” la persecución penal, en dos procesos separados, en contra los ex funcionarios municipales de Jalapa, basándose en el mencionado oficio proveniente de la CSJ.

“En donde se mandaba a decir que me abstuviera de seguir impulsando y tramitando la causa penal (…) mientras tanto la Sala no resuelva el recurso de amparo que había presentado”, en este caso, González Espinoza, y resuelto a favor de su persona. Y a Pérez Largaespada y a Montiel Sanabria por estar amparados y acumulados de oficio en la instancia de la CSJ, pendientes por resolver.

Esto también, según el escrito, fue notificado al Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez; al Procurador de la República, Joaquín Hernán Estrada Santamaría; al magistrado de la CSJ, también con período vencido, Armengol Cuadra; así como a todos los miembros de la CGR.

En lo que respecta a González Vílchez, éste se fue de casación, una vez que conoció la revocación dictada por el Tribunal de Apelaciones de Estelí, TAE, el 26 de abril del corriente año a la sentencia de sobreseimiento que dictó la juez de Audiencias para lo Penal en Nueva Segovia, Marbelí Blandón, por prescripción de la acción penal, y la cual había sido apelada por el Ministerio Público y la Procuraduría departamental.

La causa había dado inicio en diciembre de 2009 por acusación interpuesta por el Ministerio Público y la Procuraduría departamental.

CSE diligente

Asimismo, en enero de 2008, los magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, hicieron caso omiso a la juramentación solicitada por el Concejo de Jalapa de las personas que eligió para sustituir a Pérez Largaespada y a su vicealcalde Óscar Danilo Montiel Sanabria, que por estar pegados con presunción penal por la CGR, fueron destituidos de sus cargos, aplicando la causal 7 de la Ley de Municipios. En ese entonces, Pérez Largaespada y su vice se auto restituyeron en el cargo, armando un Concejo paralelo con el voto de los mismos implicados e inventando suplentes de suplentes.

La resolución de la CGR se refiere a varios casos donde se presume desviación de fondos para otros fines distintos de los intereses de la municipalidad. Resaltan un cheque de 446 mil 216 córdobas, cobrado en Banpro por Pérez Largaespada, entonces candidato a la alcaldía, y entregado por el edil saliente González Vílchez. Era un fondo entregado por Apdel-Danida para la construcción de una terminal de transporte interurbano, la cual no se hizo.

Auditan aparentando formalidad inexistente

Otro asterisco de la resolución del ente fiscalizador es la supuesta compra por parte del alcalde González Vílchez de una finca boscosa de 40 manzanas para un “parque ecológico”, por un valor de 12 mil dólares, cuya propiedad, con el paso del tiempo, resultó ser “fantasma”, y desembolsos por 10 mil dólares en el banco, por el mismo concepto, fueron realizados también por Pérez Largaespada.

Se conoció que auditores de la CGR practican una nueva revisión a la administración de Pérez Largaespada, 2005-2008, de la cual dejó al actual edil, Orlando Zeledón Sobalvarro, una deuda superior a los 10 millones de córdobas, y proyectos inconclusos, entre éstos, el mercado municipal.