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El Vicepresidente de la República y coordinador del Consejo Ambiental, Alfio Piva, y representantes del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), darán a conocer la próxima semana la posición del Gobierno con respecto a resolución de la Sala IV sobre el Proyecto Minero Crucitas, en Cutris de San Carlos.

Para ello, el Poder Ejecutivo conformó un grupo de trabajo que analizará la resolución Nº 2010006922 de la Sala Constitucional, compuesta de 343 páginas, donde se detallan las medidas de mitigación ante posibles daños ambientales, la capacidad de fiscalización de las instituciones correspondientes, así como de las responsabilidades civiles y legales que recaerían sobre el Estado, en caso de una revocación de la concesión y otros permisos otorgados.

Cabe recordar que la Sala Constitucional informó el jueves de la pasada semana, mediante comunicado de prensa, que la responsabilidad política de autorizar, prohibir o rescindir concesiones otorgadas, como en el caso de Crucitas, es potestad de los poderes Ejecutivo y Legislativo, no de índole judicial.

Empresa confiada

Juan Carlos Hernández, asesor legal de Industrias Infinito, propietaria del Proyecto Crucitas, manifestó que para ellos el fallo de la Sala Constitucional es una reafirmación de que el trabajo que han venido realizando durante los últimos 15 años ha estado a derecho, en el sentido de que han actuado a derecho y no generarán ningún daño ambiental.

“El hecho de que el Poder Ejecutivo se encuentre analizando la sentencia nos genera una enorme tranquilidad, ya que estamos seguros de que si deben tomar una decisión, esa será el ratificar la sentencia de la Sala IV”, explicó.

En el caso de que el Gobierno cancelara la concesión de Industrias Infinito para la explotación minera del Proyecto Crucitas, éste deberá cancelar la inversión realizada hasta la fecha que se calcula en 80 millones de dólares, así como los intereses generados por esta inversión y el lucro cesante, que es la ganancia que dejaría de percibir la empresa durante el periodo de operación, que en este caso asciende a 10 años.