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Que las autoridades de salud sostuvieran la posibilidad de sobrevivencia del bebé de “Amalia”, en medio de un tratamiento contra el cáncer, fue un acto de tortura por parte de la institución estatal, señalan representantes de organizaciones civiles y de derechos humanos, quienes se reunieron ayer para analizar el caso.

Según Marta María Blandón, en representación del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico en Nicaragua, el desenlace del embarazo fatal para la criatura no era una sorpresa y consideró inhumano que los doctores le dieran falsas esperanzas.

“Hay situaciones en las cuales es imposible salvar la vida de la madre y del bebé, y éste fue uno de los casos. Estaba claro que el tratamiento contra el cáncer es incompatible para un feto y una mujer embarazada, pero eso no se le explicó bien”, comentó Blandón.

Agregó que en la junta médica que la atendió hubo muchas contradicciones, entre los que apoyaban la interrupción del embarazo y los que no estaban de acuerdo, creándole falsas esperanzas.

Mayte Ochoa, también parte del Grupo Estratégico, recordó la manera en que se logró esta atención, pues las organizaciones civiles y de derechos humanos tuvieron la necesidad de ir a los foros públicos, a través de los medios de comunicación, para que el Ministerio de Salud actuara y se le aplicara el tratamiento a “Amalia”, siendo ella una persona constituida, con derechos y con un hijo nacido.

Señaló que en esto “Amalia” fue afortunada, ya que la primera reacción de las autoridades de salud fue agresiva, siendo el vivo ejemplo del problema que ocasiona la ley punitiva contra el aborto terapéutico, sin embargo, la actitud cambió con las medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a solicitud del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, el Grupo Estratégico y por parte de galenos gineco-obstetras.

Wendy Flores, abogada del Cenidh que lleva el caso, dijo que la penalización del aborto terapéutico deja en desprotección a las mujeres con embarazos de alto riesgo, pues quedan bajo una ruleta rusa.

La abogada también consideró necesaria la denuncia pública, llevando el tema a otros foros, cuando es un caso que debió reducirse al respaldo técnico y científico.

Blandón comentó que en lo que va del año al menos unas 12 mujeres con embarazos de alto riesgo, han fallecido en casos similares al de Amalia.