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Este jueves 29 de julio entra en vigencia la ley anti-inmigrantes de Arizona, la SB1070, la cual, para especialistas de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones, representará una ventana a la xenofobia, y no es la respuesta contra el ingreso de personas indocumentadas, pues las detenciones aumentarán, pero la migración a Estados Unidos no se detendrá.

Esto nos dice Martha Cranshaw, perteneciente a la señalada Red Nicaragüense que aborda el tema. De acuerdo con la especialista, la cantidad de nicas afectados podrían ser mínimos, pues el estado de Arizona no es su ruta más utilizada para ingresar a Estados Unidos, sin embargo, por el momento los mexicanos cargarán con el mayor peso del problema.

Cranshaw dijo esto comentando que la ley promulgada el pasado 23 de abril por la gobernadora republicana, Jane Brewer, con lo cual prácticamente se convierte en delito ser migrante indocumentado en Arizona, tiene mucho apoyo de otros gobernadores republicanos estadounidenses, lo cual podría tener un efecto en cadena, replicándose en otros Estados de la Unión Americana. Esto podría afectar a la comunidad nicaragüense que representa a no menos de 400 mil connacionales, y Nicaragua no tiene la capacidad económica para absorber el regreso de esa cantidad de personas.

“Desde la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones ya lo hemos previsto, y lo que más nos preocupa es la posibilidad de la actitud antiinmigrante y las detenciones por el simple hecho de tener aspecto hispano”, comentó.

No se analizó efecto económico
Indicó que aparentemente con la ley no se analizaron los fenómenos económicos y sociales que se presentarán, ya que no sólo afectará a los pequeños negocios que tenían por clientes a los migrantes, en su mayoría mexicanos; tampoco se previó la afectación al sector servicio, a la agricultura y al sector de la construcción, cuya mano de obra es esencialmente migrante.

“Estas áreas laborales no son asumidas por los estadounidense, no hay una competencia en este caso, y al no tener quién lo haga, surgirá un problema para la economía en ese estado, mientras tanto, también significará una movilización de población que buscará otras formas y lugares para ingresar a Estados Unidos”, recalcó, señalando que si bien la ley SB 1070 tiene un apoyo ciudadano en Arizona del 55 por ciento, también es destacable que el 62 por ciento de esa población considera que la verdadera solución sería legitimar a los migrantes en ese Estado.

La miembro de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones, comenta que entre los argumentos que apoyan la ley está que de los 387 mil deportados el año pasado, 136 mil fueron descubierto en actividades delictivas, mientras en lo que va de 2010 la cifra es de 217 mil deportaciones, de las cuales 113 mil fueron por actividades fuera de la ley.

“Sin embargo, se demuestra que la gran mayoría no son delincuentes, sino gente que ingresa en busca de oportunidades. Creo que la solución no es criticar la falta de políticas económicas y de empleo en los países de origen en vías de desarrollo, para luego implementar medidas más duras contra los migrantes, sino que se creen mejores condiciones para la competitividad para el desarrollo en las naciones pobres”, dijo Cranshaw.

Por su parte, Miguel Ruiz, Secretario General de la Confederación Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar”, expresó que con la visita de la secretaria del Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, lograron platicar sobre la necesidad de cumplimiento de los acuerdos que su país asumió con el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, Cafta.

“Con la firma del Cafta se comprometieron a apoyar e invertir en nuestros países, además de fortalecer el comercio, sin embargo, más bien han establecido mayores exigencias a nuestros productos y la inversión no se observa”, reclamó el sindicalista.

Ruiz señaló que tal parece que se está jugando una doble política, pues el mandatario estadounidense, Barack Obama, gracias a que prometió mejores condiciones para los migrantes obtuvo muchos votos de ciudadanos estadounidenses de raíces hispanas.

“Si en Nicaragua y en los otros países de la región, en la medida que se cumplan los compromisos económicos asumidos por Estados Unidos, se crearan mejores condiciones económicas y oportunidades de empleo, seguramente se reduciría la migración de nuestra mano de obra”, alegó Ruiz.