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La carrera de diez años de la maestra Francela Araya García, ubicada laboralmente en el Centro de Educación Especial “Melania Morales”, en Managua, se vio truncada en 2007, cuando al tratar de detener un pleito entre dos estudiantes, uno de ellos la empujó y ella cayó de espaldas, lo que le provocó una fractura en la columna que la dejó incapacitada para ejercer profesionalmente.

Al calvario que significa para la docente de 35 años el irreversible diagnóstico, ahora se ve obligada a emprender una demanda pública contra el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, cuyo Comité Ejecutivo decidió otorgarle, de acuerdo con la resolución emitida el 23 de junio pasado, 1,191 córdobas en concepto de pensión por discapacidad.

Araya expuso que eso no se corresponde con lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Carrera Docente, que contempla como jubilación el 100% del último salario básico, que incluye títulos, años de servicio, zonaje, incentivos y otras comisiones. En su caso equivale a 3 mil 750 córdobas.

“Le hago conciencia al Seguro de que verifique mi caso… porque nadie come con eso”, declaró.

La maestra Araya sufrió una primera lesión en la columna en 2004, entonces se le practicó una primera operación y estuvo de subsidio año y medio. En 2007, el mismo niño la volvió a agredir, durante un pleito, provocándole esta vez una lesión irreversible que la tuvo de subsidio nuevamente, con la diferencia de que el diagnóstico médico determinó incapacidad laboral.

Drama de dos mil maestros
Su caso y el de la profesora Maritza Hernández, a quien los médicos le han determinado incapacidad laboral, pero se niega a tramitar jubilación por miedo a recibir “una pensión de hambre”, le da rostro al problema que experimentan más de dos mil maestros en todo el país, a quienes el INNS les ha negado “una jubilación digna” y apegada a lo que manda la ley.

“Aunque tenemos problemas no nos vamos a arriesgar, mil córdobas no llenan las necesidades en nuestras casas… es un SOS que estamos haciendo al Seguro Social para que nos regresen lo que por Ley nos corresponde”, dijo la docente con 26 años de trayectoria.

Su alerta fue reforzada por la ya jubilada maestra Alma Zita Zeledón, quien es parte de esos más de dos mil maestros a quienes el INSS, luego de reconocerles el 100% de sus salarios como pensión, les notificó que fue un error y que les reducirían el monto.

Le rebajaron pensión
Zeledón reclama que pese a que acumuló dos mil 52 cotizaciones, durante 40 años de servicio en dos turnos, le correspondía una pensión de 8 mil 350 córdobas que comenzó a recibir, pero que tiempo después el INSS le notificó que la misma sería reducida a 5 mil 942, situación que demanda sea corregida, ya que considera que están cometiendo un atropello a sus derechos y al de los docente jubilados en la misma situación.

Ena Fuertes, de la Unidad Sindical Magisterial, señaló preocupante el hecho de que el Comité Ejecutivo del INSS, encargado de resolver las solicitudes de pensión, esté integrado por José Antonio Zepeda, dirigente de Anden, y Jeannette Chávez, Ministra del Trabajo. Denunció que están actuando “en contra de los maestros”.