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El sector privado no podría participar en la construcción del anhelado puerto en el Caribe, debido a que la legislación vigente reserva ese derecho exclusivamente al Estado nicaragüense, aseguró el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, José Adán Aguerri.

“Hemos insistido, en primer lugar, en que tiene que haber una nueva Ley de Puertos que permita la participación del sector privado en cualquier proceso de licitación”, aseguró Aguerri, quien además demandó la necesidad de que el proceso de licitación sea “abierto y transparente”.

En la Asamblea Nacional se encuentra un proyecto de Ley General de Puertos de Nicaragua, el cual fue recibido apenas el 22 de junio de este año.

En la justificación del proyecto se señala que la legislación existente “no otorga una seguridad jurídica suficiente para enfrentar los futuros desafíos del desarrollo portuario nacional”.

Agrega el proyecto de ley, que el país tiene un modelo portuario “en fase de evolución, que hasta hoy funciona como una empresa estatal autónoma que administra la infraestructura y presta servicios portuarios de manera directa o a través de terceros”.

Gobierno también quiere cambio
En este sentido, el gobierno también propugna por un cambio en este sistema y se pliega a los principios del libre mercado “para estructurar un sistema portuario de concepción moderna”.

El presidente del Cosep destaca la necesidad de que en Nicaragua haya un cambio en las condiciones de competitividad, no sólo de las empresas privadas, “sino la misma oportunidad de vida para las personas que habitan en la Costa Atlántica nicaragüense”

La legislación actual “evita, prohíbe, limita la participación del sector privado en la construcción de puertos. Es una competencia del Estado desarrollar puertos conforme la legislación actual, y hemos venido trabajando desde 2005 con el ex ministro (de Fomento, Industria y Comercio), Alejandro Argüello, este proyecto, para permitir la construcción de puertos privados en Nicaragua”, expresó Aguerri.

Y es que según la Ley de Transporte Acuático y el decreto 35-95, creador de la EPN, el Estado es el único administrador de los puertos y el encargado de su administración.

En diciembre del año pasado, el presidente ejecutivo de la EPN, Virgilio Silva, reconoció la necesidad de reformar la legislación vigente para poder impulsar inversiones en el área portuaria. En esa ocasión destacó que la legislación es importante para que se puedan atraer inversiones extranjeras que permitan ejecutar obras como la construcción del puerto de Monkey Point, en el Caribe.

En esa ocasión, el funcionario aseguró que la falta de una nueva Ley de Puertos es una limitante para que se pueda construir uno en el Atlántico, lo cual podría retrasar el inicio de ejecución de la obra.

No obstante, el proyecto de ley se encuentra en la Asamblea Nacional, la cual tiene una serie de leyes y conflictos que podrían retrasar todavía más la aprobación de esta nueva iniciativa.