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El presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional, EPN, no tiene la representación del Estado nicaragüense para negociar la construcción del puerto en Monkey Point, afirmó el primer secretario de la Asamblea Nacional y diputado por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Wilfredo Navarro.

“Primero este tema de la creación de ese puerto de aguas profundas aparentemente son sueños de opio y un afán propagandístico de Ortega”, destacó Navarro, y agregó que “ellos están haciendo las cosas no en representación del gobierno de Nicaragua, sino a través de empresas privadas para manejar la eventualidad de un proyecto que puede ser para varios años y manejarlo con beneficios para la familia gobernante y para el Frente Sandinista”.

El parlamentario señaló que un proyecto de este tipo debe contar con “una supervisión extrema” por parte de la Asamblea Nacional, de forma que se logré obtener suficientes garantías de los inversionistas, en el sentido de que tienen capacidad y voluntad para ejecutar el proyecto.

“De lo contrario, pudieran haber estafas en cadena y además, darse un lavado de dinero en concursos que no sabemos de dónde proviene el dinero, porque las empresas involucradas por lo menos no han dado un certificado de limpieza y calidad”, afirmó el legislador.

¿Quién nombró a Virgilio Silva?

El compromiso asumido por el presidente de la Empresa Portuaria Nacional, EPN, también ha generado dudas sobre el proyecto, ya que según Navarro, se trata de un funcionario que no representa al Estado nicaragüense.

“El presidente de la EPN no tiene la representación del Estado y por tanto, tendría que haber un compromiso o acuerdo entre gobiernos y en este caso lo que está haciendo el director de puertos es una gestión oficiosa que no implica ninguna responsabilidad para el país, hasta la aprobación en la Asamblea Nacional”, apuntó.

En julio el presidente de la EPN Virgilio Silva, firmó en Seúl, Corea del Sur, un Memorándum de Entendimiento con dos empresas de capital coreano, para la construcción de un puerto de aguas profundas en el Atlántico nicaragüense, cuyo costo inicial es estimado en 500 millones de dólares.

El anuncio ha provocado diversas reacciones, incluyendo la del sector privado, que sostiene que la actual legislación no permite la participación de la empresa privada en la construcción de puertos en el país, por lo que han demandado una reforma en ese sentido.

Actualmente, en la Asamblea Nacional está el proyecto de Ley General de Puertos, que solventa esta limitante, sin embargo, dicha iniciativa podría esperar, ya que el legislativo tiene otras prioridades, al menos en lo que resta del año.

En este sentido, el diputado Navarro apuesta a una ley que incluya a la Asamblea Nacional.

“Nosotros creemos que en la Ley de Puertos debe establecerse un marco referencial sobre estos megaproyectos, pero definitivamente por la envergadura, la participación necesaria que tiene que haber del Estado, requiere de una aprobación de la Asamblea Nacional”.