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La denuncia de violación contra un joven gay en las celdas policiales del municipio de Altagracia, en la Isla de Ometepe, es investigada por la procuradora para la Diversidad Sexual, Samira Montiel, quien ve con mucha preocupación los niveles de discriminación de los agentes policiales en contra de las personas con opciones sexuales diferentes.

“Desde que vimos el caso lo tomamos de oficio. Estamos haciendo los contactos para que se haga una investigación a fondo sobre este problema”, comentó la procuradora especial de la Procuraduría en Defensa de los Derechos Humanos.

Indicó que hasta el momento no se conoce a ciencia cierta por qué el joven fue detenido, sin embargo, dijo que es preocupante la expresión utilizada: “Les traemos carne fresca”. Por tanto, refiere que si la situación es tal como lo describen las publicaciones en los medios de comunicación, es indudable que la violencia sufrida por el joven es un delito.

Es un delito serio

“El abuso sexual, en cualquiera de sus formas y contra cualquier persona, debe ser penalizado. El mismo es un delito serio. Asuntos internos de la Policía Nacional debe realizar las averiguaciones necesarias, y ya desde la Procuraduría acudiremos de oficio”, dijo la Procuradora, determinando que si bien no hay una delegación de la PDDH en Ometepe, sí hay un equipo jurídico averiguando del caso.

Enfatizó que de encontrarse responsabilidades penales sobre los señalados, deben ser castigados tanto los privados de libertad perpetradores, como los policías que permitieron la acción delictiva y la incitaron, todo esto independientemente de la preferencia o identidad sexual de la persona agredida.

Policía debe investigar

“Como Procuradora Especial para la Diversidad Sexual, considero que las expresiones fueron homofóbicas, y yendo más allá de la discriminación por una identidad sexual, estamos frente a un delito que debe ser castigado con todo el rigor. La Policía en este caso debe hacer todas las averiguaciones y castigar a quienes hayan cometido el delito. Hasta donde se tienen referencias, con lo que se sabe del caso tenemos un abuso de autoridad por parte de la Policía, un descuido en garantizar la seguridad de las personas retenidas en las estaciones policiales, además de la instigación a cometer un delito. En este caso, los policías involucrados están en una situación muy compleja, jurídicamente hablando”, dijo Montiel.

Indicó que a nivel general es indudable que se debe hacer un trabajo muy profundo para lograr que la Policía se sensibilice desde el punto de vista de los derechos humanos. Por otra parte, consideró que hay una diferencia en ser un homosexual o una lesbiana en la ciudad, que serlo fuera de la capital, pues en la zona rural hay una discriminación más marcada contra el sector de la población con opción sexual diferente.

“Es un reto para nosotros que estos niveles de homofobia disminuyan en el campo, sobre todo con los agentes de la ley, aunque no son exclusivas de ellos, incluso jueces tienen esta predisposición y prejuzgamiento, no se diga el resto de la población”, recalcó.