•  |
  •  |
  • END

El movimiento de productores y deudores del Norte, conocidos como “No Pago”, demandará esta semana una prórroga en la aplicación de la “Ley especial para el establecimiento de condiciones básicas y de garantía para la renegociación de adeudos entre las instituciones microfinancieras y deudores en mora”, informó Omar Vílchez, presidente del movimiento.

La propuesta surge cuando el plazo de aplicación de la ley se vence el próximo 13 de agosto, y más de cinco mil deudores, de un total de 11 mil que serían beneficiados por la ley, no pudieron reestructurar sus deudas, afirmó Vílchez, quien anunció que el movimiento continuará sus protestas demandando mejores condiciones para la reestructuración.

Asomif rechaza propuesta

La propuesta fue rechazada de inmediato por la Asociación de Microfinanzas de Nicaragua (Asomif), que calificó la medida como poco seria, según su presidente René Romero.

“Esa gente cree que estamos jugando, el 13 de agosto es el último día, y a partir del 14 las microfinancieras van a comenzar el cobro ordinario, vamos a recuperar nuestro dinero, que es de los acreedores”, afirmó René Romero, al ser consultado por la propuesta de los deudores.

Cinco mil quedaron fuera

Según Vílchez, por lo menos son cinco mil los que quedaron fuera de las negociaciones, coincidieron ambas partes. Sin embargo, difieren en las causas por las que quedaron fuera.

Para Vílchez, este grupo quedó fuera debido a la normativa publicada en mayo que reglamentaba la Ley 716, “como cinco mil personas quedaron por fuera porque no los cubre la normativa. Cuando llegan a las microfinancieras les dicen que no. Es el caso de los transportistas, profesores, los que tienen restaurantes, pequeños empresarios, viviendas. A esta gente la normativa no los cubre”.

Esta normativa fue emitida para regular algunos puntos de la Ley, sin embargo, el movimiento de deudores se mostró inconforme e introdujo un recurso por inconstitucionalidad, el cual fue aceptado y se encuentra en le Corte Suprema de Justicia (CSJ). Por esta razón, según Vílchez, demandan la aplicación de la Ley y no de la normativa, ya que ésta “va contra ley expresa”.

Señalan que hay por lo menos 3,500 propiedades que se encuentran en juicio, sobre las que las microfinancieras se han negado a negociar, y que podrían ser adjudicadas a los acreedores, agregó.

Ni una sola deuda reestructurada

Pero Romero rechaza el señalamiento de que no se atendió a los deudores, argumentando que incluso con la Ley no se logró reestructurar ninguna deuda. Estima que eran por lo menos 11 mil los deudores que serían beneficiados por la ley, de los cuales, unos cinco mil se presentaron a iniciar las negociaciones pero de ellos ninguno permitió que se les hiciera una evaluación financiera para valorar su capacidad de pago y las garantías para respaldar la reestructuración.

“La ley no sirvió para nada”, afirmó Romero, quien agregó que la deuda de los clientes morosos de Asomif asciende a los 16 millones de dólares. “No hay tal prórroga, se les han dado dos oportunidades: primero un acuerdo bilateral con Asomif, Acodep, Banex, que firmaron el documento de reestructuración; luego buscaron una ley, la ley se aprobó e hicieron lo que quisieron con la ley, porque andan en qué sabe que cosas”.

No obstante, este movimiento aseguró que no van a permitir volver a las ejecuciones impulsadas por las microfinancieras, y adelantan que seguirán organizando a los deudores. “Esperamos que no haya confrontación. Que haya un plazo prudencial para negociar con la Ley, pero no con la normativa”, señaló Vílchez.

Sin embargo, las microfinacieras no cuentan con mucho tiempo, según afirma Romero, ya que el dinero que deben unos 12 mil deudores, y que asciende a 16 millones de dólares, tiene que ser a su vez pagado a los acreedores internacionales de las microfinancieras.

Sostiene que sólo para este año tienen que pagar 70 millones de dólares, “consolidada al 30 de julio, puedo decir que lo que se pagó no ha regresado al país. Las líneas no se han renovado por los No Pago”.