Luis Galeano
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El experto en Derecho Fiscal, Julio Francisco Báez, denunció hoy ante la Contraloría General de la República, CGR, a las autoridades del Poder Electoral, por el cobro ilegal que están haciendo a los ciudadanos por la emisión de la nueva cédula de identidad, cuyo manejo, según Ética y Transparencia, podría prestarse para un “doble voto” en las elecciones del próximo año.

Báez fue recibido por el presidente de facto de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, quien prometió discutir mañana con sus colegas la denuncia del especialista, y afirmó que es facultad constitucional del ente fiscalizador, revisar lo relacionado al cobro del nuevo documento de identidad.

El especialista agregó que la razón primordial de su denuncia es que las leyes vigentes de Nicaragua, establecen la obligatoriedad del uso de la cédula como herramienta imprescindible para el ejercicio de las garantías y derechos fundamentales de los nicaragüenses.

Sostuvo que el “cobro inconstitucional y constitutivo de delito del Consejo Supremo Electoral, CSE, para expedir la cédula, (es completamente irrelevante si es barato o caro), constituye un grave impedimento de hecho para el cumplimiento de una obligación del Estado y a su vez condenaría a los ciudadanos prácticamente a una muerte civil”.

Piden que CGR evalúe recaudación y manejo de fondos
“Concretamente pedimos a la Contraloría examinar y evaluar la correcta recaudación y manejo de los fondos públicos y llevar a cano auditorías con respecto a los ingresos, tributarios o no tributarios, de las entidades y organismos públicos, dictaminando en el caso de no existir base legal para el cobro de determinados ingresos, que se deje de recaudarlos”, declaró Báez al leer la petición principal de su denuncia.

Al hablar con los medios, Báez afirmó que la ciudadanía debe revelarse al cobro y exigir la gratuidad de la emisión de la nueva cédula, según las leyes vigentes. “Yo llamo a los ciudadanos a una rebeldía total contra ese cobro ilegal, no está facultado el Consejo Supremo Electoral”, expresó Báez.

Añadió que los diputados y partidos políticos deben pronunciarse sobre el cobro, pues les atañe directamente el accionar irregular del CSE, pero sobre todo la reacción debe partir de los ciudadanos que son los que constitucionalmente deben exigir que la emisión del documento de identidad, que sirve no sólo para votar, sino para estar vivo legalmente.