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El discurso y manejo que han dado los magistrados inconstitucionales del Consejo Supremo Electoral, CSE, al tema del cobro de 300 córdobas por la emisión de la nueva cédula de identidad, abre las sospechas a que se trate de exacciones ilegales y de preparar las condiciones para un fraude electoral en los comicios presidenciales de 2011, como afirmaron organismos de Observación.

El CSE ha cambiado sus palabras en un lapso de tres meses al hablar de este tema. El 6 de mayo de este año, el magistrado José Luis Villavicencio, luego de una reunión con diputados de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios del Parlamento, indicó que contaban con suficientes recursos como para cedular a unos dos millones de nicaragüenses con el nuevo documento.

El magistrado orteguista se refería a que los fondos que la Cooperación española entregó en concepto de donación hace casi cinco años para ese fin, estaban disponibles, y servirían para iniciar a finales de ese mes la entrega de las nuevas cédulas, a los nicaragüenses.

“El CSE cuenta con financiamiento internacional suficiente para sacar los primeros dos millones de cédulas”, dijo Villavicencio en aquel momento.

Sólo un millón para 2011

“Se trata de un documento con tecnología alemana que garantiza la calidad, seguridad y durabilidad”, añadió Villavicencio, quien a la vez no garantizó que todos los nicaragüenses puedan obtener su nuevo documento desde esa fecha a las elecciones nacionales de noviembre de 2011, pues la capacidad que tienen es para dárselos a alrededor de un millón, antes de los comicios, cantidad limitada por donde se asoma el fraude de sólo cedular a un sector político, el del partido gobernante.

Según explicó el ahora magistrado putativo, el año pasado la donación española para elaborar cédulas electrónicas consistió en la entrega de maquinaria para imprimir los nuevos documentos, y el material para fabricar al menos 100 mil, pero que en ese momento se necesitaban recursos para más de tres millones de cédulas.

Villavicencio especificó que para sustituir todas las cédulas necesitarían al menos 30 ó 40 millones de córdobas que, en ese momento, estaban gestionando con organismos internacionales de cooperación, como la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES. También dijo que estaba en dependencia de lo que la Asamblea les aprobara de presupuesto para ello, aunque de inicio pedían una partida presupuestaria de unos 30 millones de córdobas.

Lo que dice Rivas y los números

Contradictoriamente, el presidente de facto del CSE, Roberto Rivas, reiteró en declaraciones que brindó a El 19 Digital, el pasado sábado 31 de julio --en busca de explicar el cobro de los 300 córdobas--, que el proceso de cedulación con el nuevo documento se ha empezado a dar gracias a los 5.7 millones de euros (7.5 millones de dólares) que donó España para cumplir con el cambio de documento.

Los 7.5 millones de dólares multiplicados por 21.45 que es el cambio oficial del córdoba frente al dólar, da como resultado el total de 160 millones 875 mil córdobas, es decir, cuatro veces más de lo que Villavicencio, dijo era lo necesario para cedular a más de tres millones de nicaragüenses, tomando como máximo 40 millones de córdobas.

En 2009 y 2010, el CSE estaba programado a recibir 128.3 millones de córdobas para la cedulación.

Rivas dijo que en un acto simbólico el CSE entregará las primeras cédulas al presidente Daniel Ortega, a la coordinadora de comunicación y ciudadanía, compañera Rosario Murillo, a miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Consejo Supremo Electoral (CSE).

Vean estas cuentas

Rivas agradeció al pueblo y gobierno de España por el apoyo a este proyecto, y expresó que el próximo año estarán trabajando con los dos documentos debido a que la capacidad de fabricación de la cédula nueva es de alrededor de un millón de cédulas al año.

“Esto no representa ningún descalabro en cuanto al padrón electoral, sino que más bien viene a actualizarlo, y, además de eso, en el padrón cada ciudadano que haya obtenido su documento nuevo irá al margen una anotación de que con ese documento se debe presentar a votar”, manifestó Rivas, sin explicar qué pasará con la cédula vieja, que será retenida en el CSE.

Roberto  Courtney, Director Ejecutivo del organismo de observación electoral, Ética y Transparencia, afirmó a END que el cobro de los 300 córdobas “es una ladronada”, pues no hay país del planeta que cobre tal monto, a la vez que advirtió que la manera como se administre su entrega podría dar pie a un nuevo capítulo de fraude electoral para los comicios presidenciales de 2011, propiciando el “doble voto”.

“Nuestra principal preocupación es que si hay una disposición para cedular a la mayor cuantía y con preferencia a los miembros de un partido por ser empleados del Estado, que ya ocurría con la cédula vieja, ahora existe la posibilidad de que haya doble voto, porque no se sabe quién va a administrar las cédulas viejas, porque no le pueden quedar al ciudadano o al CSE, y pueden usarse para cualquier cosa”, advirtió Courtney.

“Ejemplos sobran de fiscales del partido de gobierno que votan en la urna donde realizan su labor, y que a la hora del almuerzo se van a votar al centro de votación donde están inscritos, y con la nueva cédula se les facilitan las cosas”, añadió Courtney.

Lo que vale realmente

El ex magistrado Rivas informó que cada tarjeta tiene un costo de US$1.60, fondos que fueron garantizados por el gobierno de España por un total 5.7 millones de euros, sin embargo al ciudadanos que llega a tramitar su entrega le cobran 300 córdobas, es decir, unos 15 dólares, sin que nadie explique por qué.

Rivas añadió que existen dos máquinas modernas que fabrican un promedio de 300 cédulas por hora, es decir 7,200 cédulas por día y 2 millones 628 mil cédulas en un año. ¿Por qué, entonces, sólo pueden cedular a un millón de personas de aquí a las elecciones?

Báez denuncia a CSE en Contraloría
Por su parte, el experto en Derecho Fiscal, Julio Francisco Báez, denunció ayer ante la Contraloría General de la República, CGR, a las autoridades del Poder Electoral, por el cobro ilegal que están haciendo a los ciudadanos por la emisión de la nueva cédula.

Báez fue recibido por el presidente de facto de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, quien prometió discutir hoy con sus colegas la denuncia del especialista.

La razón primordial de la denuncia, dijo, es que las leyes vigentes de Nicaragua, establecen la obligatoriedad del uso de la cédula como herramienta imprescindible para el ejercicio de las garantías y derechos fundamentales de los nicaragüenses.

Sostuvo que el “cobro inconstitucional y constitutivo de delito del Consejo Supremo Electoral, CSE, para expedir la cédula (es completamente irrelevante si es barato o caro) constituye un grave impedimento de hecho para el cumplimiento de una obligación del Estado, y a su vez condenaría a los ciudadanos prácticamente a una muerte civil”.

Piden que CGR evalúe recaudación y manejo de fondos

“Concretamente pedimos a la Contraloría examinar y evaluar la correcta recaudación y
manejo de los fondos públicos, y llevar a cabo auditorías con respecto a los ingresos, tributarios o no tributarios, de las entidades y organismos públicos, dictaminando en el caso de no existir base legal para el cobro de determinados ingresos, que se deje de recaudarlos”, declaró Báez al leer la petición principal de su denuncia.

Exacción ilegal es delito

Báez afirmó que el cobro de la cédula es una exacción ilegal que está tipificado como delito en el Código Penal, lo mismo que el abuso de autoridad que se está ejerciendo al pedir a los ciudadanos 300 córdobas, para entregarle el nuevo documento.

“El CSE quiere basar su cobro en la Ley de Identificación Ciudadana, Ley 152, de 1993, la cual fue derogada por la reforma a la Constitución de 1995, que demolió cualquier disposición legal que otorgara facultades de emitir tributos u aranceles a cualquier entidad del Estado que no fuera la Asamblea Nacional”, indicó Báez.

“La Contraloría no puede renunciar a su facultad y obligación, no hay salida, porque hacerlo pondría en mayor riesgo la institucionalidad del país, que de por sí ya camina bastante mal, así debe hacer algo para detener esto, no hay tiempo para hacerlo largo”, indicó el especialista el Derecho Fiscal.

Danza de millones

“Esto debe movilizar a la población a decir detente, hago un llamado a la desobediencia, porque no es posible que se vayan a emitir millones de cédulas, que al multiplicarse por 300 córdobas --valor de cada una--, generen una danza de millones, cuyo manejo nadie sabrá con certeza”, señaló.